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Fin de la moratoria que impedía desalojos: cientos de llamadas de familias que temen perder su vivienda

31 agto., 2020


    Expiró la moratoria federal legislada por la Ley CARES que protegía a los inquilinos durante la pandemia. La Clínica Legal de la Universidad de Carolina del Norte y la organización Siembra NC recibieron cientos de llamados de familias que no pueden pagar la renta. La situación afecta especialmente a la comunidad latina.

CAROLINA DEL NORTE, Raleigh- Luego de meses de medidas de protección para inquilinos que no podían pagar la renta debido a la crisis económica generada por la pandemia da Covid-19, expiraron los programas de asistencia y miles de familias podrían perder sus viviendas.

A pesar de que la pandemia continúa y cada vez hay más contagios y personas fallecidas, las protecciones locales, estatales y federales llegaron a su fin, dejando al borde del desalojo a miles de familias.

En efecto, la moratoria estatal de desalojos expiró en junio y la moratoria federal, legislada por la ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES, por sus siglas en inglés) expiró a finales de julio.

El 24 de agosto se cumplieron los 30 días establecidos por ley luego del fin de la moratoria, de manera que los propietarios con una hipoteca respaldada por el gobierno federal podrán desalojar a sus inquilinos por no pagar el alquiler.

La enorme preocupación por la pérdida de la vivienda se vio reflejada en los cientos de llamados que recibieron la Clínica Legal de la Universidad de Carolina del Norte y la organización Siembra NC, dos instituciones que proveían asistencia jurídica gratuita a familias afectadas por la crisis económica.

“Sin una extensión o una moratoria estatal, los desalojos se están acelerando y se avecina una ola de desalojos mucho mayor”, aseguró Andrew Willis Garcés, director de Siembra NC.

Población latina especialmente afectada

Durante dos meses, 267 personas provenientes de 29 condados enviaron consultas a la línea de ayuda en todo el estado. De esa cifra, el 20% solicitó asistencia en español, lo que marca el alto nivel de vulnerabilidad de las familias hispanas frente a la crisis económica y sanitaria.

En ese sentido, el profesor Kathryn Sabbeth, quien dirige la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Carolina del Norte, sostuvo que la información recabada demuestra que los desalojos impactan en mayor medida en las poblaciones más vulnerables, convirtiéndose en una cuestión de equidad racial y de género.

De la información recopilada por Siembra NC se desprende, además, que incluso los inquilinos que pudieron regresar a sus empleos tuvieron dificultades para pagar el alquiler atrasado, especialmente los inmigrantes que no son elegibles para recibir asistencia federal. 

Además, según un informe la mayoría de los inquilinos no sabía cómo litigar el proceso de desalojo en la Corte de reclamos menores ni cómo presentar defensas legales eficaces. En muchos casos las dificultades para litigar se debieron a la barrera idiomática ya que muchas personas no sabían que se les garantizaba la asistencia de un intérprete. 

Programas de asistencia estatal para personas inmigrantes

A menudo los programas de financiación excluyen a muchos inmigrantes. El martes, el gobernador Roy Cooper anunció $ 94 millones en fondos para pagos de alquiler y servicios públicos para evitar los desalojos, pero el gobierno federal requiere que los destinatarios sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, con lo cual alrededor del 40% de los inmigrantes latinos de Carolina del Norte no califican para estos programas.

Sin embargo, en diálogo con Enlace Latino NC, la directora de la Oficina de comunicaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado, Amy Adams Ellis, explicó que existen diversos programas de asistencia habitacional para personas indocumentadas.

“Especialmente los fondos de Soluciones para Emergencias (ESG-CV, por sus siglas en inglés) y de Desarrollos Comunitarios (CDBG-CV, por sus siglas en inglés) son asistencias que pueden ser utilizadas por las personas independientemente de su estatus migratorio”, explicó Adams.

Adams informó además que el programa CDBG-CV puede brindar asistencia con el alquiler por hasta 6 meses para individuos o familias hasta en un 80% del ingreso medio del área. El programa ESG-CV, por su parte, puede brindar asistencia con el alquiler y con los servicios públicos, así como servicios de administración de casos, para personas y familias que se encuentran sin hogar. 

Hasta el momento, no obstante, no se ha anunciado el punto de acceso para las personas que necesiten hacer uso de estos programas, de manera que por el momento no es posible aplicar.

De todas formas, más allá de la confirmación oficial, Andrew Willis Garcés destaca que existe un manto de dudas: si bien el gobierno en muchos casos anuncia programas de asistencia que no discriminan según el estatus migratorio, en la práctica a veces ocurre que se solicita número de seguro social para acceder a los beneficios, lo que deja afuera a las personas indocumentadas.

Sobre el autor:

Nicolás Baintrub

Periodista argentino parte del equipo de Enlace Latino NC. Cree en el periodismo como vehículo para contar buenas historias con compromiso social, rigor en la investigación y pasión por la escritura.

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