Carolina del Norte, Raleigh. – Líderes republicanos incluyeron en el presupuesto estatal 2021-2023 dos reformas legales que fueron vetadas en las últimas seis semanas por Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte.
Se trata de los proyectos SB 360, “Prohibir acuerdos colusorios por parte del Fiscal General”, y HB 264, “Ley de Responsabilidad de los poderes de emergencia”, que se tramitaron este año en la legislatura.
Ambas iniciativas fueron aprobadas por la Asamblea General y vetadas por el gobernador Cooper. Sin embargo, las propuestas revivieron al incluirlas en el plan de gastos e inversiones del estado.
“Lucharé para corregir sus errores”
Cooper anunció que, ante la necesidad de dar contenido económico a los programas presupuestarios, firmará el expediente a pesar de incluir aspectos políticos contra los cuales utilizó antes su poder de veto.
“Firmaré este presupuesto por sus inversiones críticas y necesarias y lucharé para corregir sus errores”, declaró Cooper en su cuenta oficial de Twitter. Cooper, no detalló que tipo de acciones emprendería para subsanar los asuntos extrapresupuestarios.
«Pisotear la separación de poderes»
En relación con el presupuesto estatal, Josh Stein, fiscal general de Carolina del Norte, dijo que “la legislatura está pisoteando la separación de poderes en formas claramente inconstitucionales”.
“Además, el hecho de no restaurar los recortes anteriores que hicieron a la oficina del Fiscal General socava nuestra capacidad. Todo esto es contrario a los intereses del pueblo”, declaró Stein mediante un comunicado de prensa.
Enlace Latino NC quiso conocer si Stein tomará alguna acción legal contra el presupuesto, pero su oficina de prensa indicó que no ampliarán por el momento.
Estabilidad
Consultado por Enlace Latino NC sobre los temas políticos incluidos por los republicanos en el presupuesto, el senador Dan Blue (Wake), líder del caucus demócrata en el Senado estatal, justificó la decisión del gobernador.
Blue votó esta semana en contra del proyecto aprobado por el Senado estatal.
La decisión final del gobernador Cooper, explicó Blue, apunta a darle estabilidad al gobierno estatal y darles contenido económico a los programas presupuestarios.
“No sabemos cuáles serían, en última instancia, las consecuencias de un presupuesto vetado. Algunas de las cosas importantes que se incluyeron se habrían perdido y no quiso (Cooper) correr ese riesgo”, declaró Blue a Enlace Latino NC.
¿En qué consisten las medidas de control político incluidas en el presupuesto?
Limitar los poderes del Fiscal General
El 27 de setiembre anterior, el gobernador Cooper vetó el expediente SB 360, “Prohibir acuerdos colusorios por parte del Fiscal General”. Lo consideró “inconstitucional e imprudente”.
La iniciativa establecía que:
- El Fiscal General requeriría la aprobación conjunta del Presidente de la Cámara y el Presidente Pro Tempore del Senado antes de emitir un fallo por consentimiento, acuerdos de resolución o similares.
- Eso significa que el jefe de la Fiscalía del estado no podría excluir a los presidentes de las cámaras de la Asamblea General de los acuerdos de conciliación cuando la legislatura es parte o ha solicitado intervenir en el proceso.
- El funcionario requeriría el permiso de los legisladores para resolver cualquier disputa o demanda legal que involucre a la legislatura, es decir, someter el criterio técnico de la Fiscalía General a la voluntad de los líderes políticos de turno.
“Este proyecto de ley es inconstitucional e imprudente, y evitaría que el Fiscal General haga su trabajo para proteger a la gente de Carolina del Norte”, argumentó Cooper en esa oportunidad.
Limitar los poderes de emergencia del Gobernador
El 1 de noviembre, Cooper vetó el expediente HB 264, “Ley de responsabilidad de los poderes de emergencia”.
Esta iniciativa pretendía limitar y someter a control político la potestad del Poder Ejecutivo de declarar y mantener un estado de emergencia.
En ese momento, el gobernador dijo que las autoridades estatales deben “ser capaces de actuar rápida y minuciosamente cuando enfermedades mortales, huracanes o cualquier otro peligro amenacen la vida y el trabajo de las personas”.
“Una emergencia necesita una acción decisiva, rápida e integral, no burocracia y política”, manifestó el gobernador Cooper.
Además, el proyecto de ley pretendía restringir la autoridad del gobernador para declarar y extender de forma indefinida situaciones de emergencia en el estado. Para lo cual requeriría la concurrencia del Consejo de Estado o aprobación legislativa.