Walter Gómez, ELNC
Residentes y miembros de la comunidad del condado de Hertford, Carolina del Norte, se manifestaron contra la posible reapertura del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro Correccional Rivers, en Winton, el sábado 14 de marzo / Walter Gómez, ELNC

Desde la asunción del segundo gobierno de Donald Trump, Carolina del Norte se ha convertido en uno de los 15 estados con más acuerdos 287(g), el programa que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) delegar la autoridad de control migratorio a las agencias policiales estatales y locales.

En la práctica, esto significa que alguaciles locales y departamentos de policía están autorizados para realizar tareas propias de los agentes federales de inmigración. Por ejemplo, verificar el estatus migratorio de las personas, emitir detainers (órdenes para mantener detenida a una persona por cuestiones migratorias) y, en algunos casos, realizar arrestos civiles por motivos migratorios.

El programa se ha expandido drásticamente durante la administración actual. Ahora es uno de los principales mecanismos por los que el control migratorio llega a comunidades donde el ICE normalmente tiene una presencia limitada.

La versión más agresiva del programa 287 (g) avanza en Carolina del Norte

El programa 287 (g) puede adoptar diferentes formas en función de los lineamientos estratégicos de cada agencia de policía local.

Básicamente existen tres modelos diferentes. Los dos que se consideran un poco menos agresivos son el “Jail Enforcement Model”, que permite a los oficiales verificar el estatus migratorio de las personas arrestadas y emitir retenciones (detainers) para ICE en las cárceles locales, y el “Warrant Service Officer”. Este último autoriza a los oficiales locales a ejecutar órdenes administrativas de arresto de ICE contra personas bajo custodia. Es más limitado que el JEM, ya que no habilita entrevistas migratorias ni patrullajes en la calle.

Estos dos modelos del programa 287(g), limitados a lo que ocurre con personas ya detenidas por otros delitos, son los que históricamente han predominado en Carolina del Norte. Pero desde septiembre de 2025 se evidencia un cambio muy preocupante. Seis departamentos de policía local han adoptado el modelo más agresivo de 287(g), conocido como “Task Force Model”. Este modelo, que hasta esa fecha jamás se había implementado en el estado, permite a oficiales locales colaborar en investigaciones y arrestos en la comunidad, fuera del entorno carcelario. Son acuerdos que autorizan a los oficiales a aplicar las leyes de inmigración en las calles. 

Eso quiere decir que los encuentros cotidianos con la policía, por ejemplo por cuestiones de tráfico, investigaciones o retenes, pueden tener consecuencias migratorias inmediatas. 

¿Cuáles son las agencias locales que firmaron acuerdos “Task Force” con ICE en Carolina del Norte?

En la actualidad, ya son seis las agencias locales que han firmado este tipo de acuerdos con ICE.

Se trata del Departamento de Policía de Robbins, la oficina del alguacil del condado de Onslow, el Departamento de Policía de Newland, el Departamento de Policía de Beulaville, la oficina del alguacil del condado de Columbus y el Departamento de Policía de Brookford.

En esas seis áreas, los agentes de policía locales ya pueden detener a personas en las calles por cuestiones migratorias, una potestad que históricamente corresponde a los agentes federales. 

Todos esos acuerdos se firmaron desde septiembre de 2025.

El 100% de los acuerdos 287 (g) en Carolina del Norte han sido firmados bajo los dos gobiernos de Trump

Más allá de la modalidad “Task Force”, la más agresiva y completamente novedosa en Carolina del Norte, en el estado hay otras 23 agencias de policía locales que han firmado acuerdos 287(g) con el ICE.

Eso suma un total de 29 acuerdos, según datos compilados por The Markup y cotejados con documentos oficiales. La cifra convierte a Carolina del Norte en uno de los 15 estados con más acuerdos 287(g).

La totalidad de esos acuerdos se ha firmado durante los primeros y los segundos gobiernos de Donald Trump. Si bien la mayoría de los convenios comenzaron a establecerse durante su primera administración (2017-2021), el ritmo volvió a acelerarse a partir de 2020 y se reactivó con fuerza tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Después de la tormenta

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