La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó hoy, viernes 16 de mayo, la apelación del gobierno del presidente Donald Trump para reanudar rápidamente las deportaciones de inmigrantes venezolanos bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Con dos votos en contra, los jueces atendieron una apelación de emergencia presentada por los abogados de hombres venezolanos que han sido acusados de ser miembros de pandillas, una designación que, según el gobierno, permite expulsarlos de Estados Unidos de manera expedita bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El máximo tribunal ya había ordenado una suspensión temporal de las deportaciones desde un centro de detención en el norte de Texas en una orden emitida el mes pasado.
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas disintieron.
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Pandilla Tren de Aragua
El caso es uno de varios que se dirimen en los tribunales sobre la proclama de Trump en marzo que cataloga a la pandilla Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera e invoca la ley de 1798 para deportar personas.
El caso de la corte se centra en la oportunidad que las personas deben tener para impugnar su expulsión de Estados Unidos, sin determinar si el uso de la ley por parte de Trump fue apropiado.
“Reconocemos la importancia de los intereses de seguridad nacional del gobierno, así como la necesidad de que tales intereses se persigan de manera congruente con la Constitución”, dijeron los jueces en una opinión no firmada.
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Uso indebido de la Ley de Enemigos Extranjeros
Al menos tres jueces federales han dicho que Trump estaba usando indebidamente la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones de personas que el gobierno dice son miembros de pandillas venezolanas.
Una jueza en Pensilvania aprobó el martes el uso de la ley con dicho fin.
El enfoque tribunal por tribunal para las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros surge de otra orden de la Corte Suprema que tomó el caso de un juez en Washington, D.C., y dictaminó que los detenidos que buscan impugnar sus deportaciones deben hacerlo donde están detenidos.
Los jueces dijeron en abril que se debe dar a las personas un “tiempo razonable” para presentar una impugnación.
La corte ha rechazado el periodo de 12 horas que el gobierno ha dicho serían suficientes, pero no ha especificado cuánto tiempo significaba.
La jueza federal Stephanie Haines ordenó a los funcionarios de inmigración dar a las personas 21 días, en una opinión en la que también señaló que las deportaciones podrían llevarse a cabo legalmente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
La Corte Suprema también dejó claro el viernes que no bloquearía otras formas en que el gobierno puede deportar personas.
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