Por Haydeé López
En diciembre de 2024, apenas unas semanas antes de que Donald Trump regresara a la presidencia de Estados Unidos, Guillermo, nombre es ficticio para proteger su identidad, tomó una decisión marcada por la desesperación y la falta de oportunidades.
Venezolano radicado en Bogotá, llevaba años intentando reconstruir su vida tras haber salido forzosamente de su país, pero la crisis económica persistente y la precariedad laboral en Colombia habían ido cerrando sus opciones.
Con pocas alternativas y muchas necesidades urgentes, emprendió el viaje hacia Estados Unidos junto a sus dos hijas menores, de 16 y 13 años, y su nieto de apenas 11 meses, eligiendo una de las rutas más peligrosas del continente: el cruce por el Tapón del Darién.
“Sabíamos que estábamos cruzando un área peligrosa. Habíamos escuchado que había animales salvajes, ríos crecidos, donde la lluvia y el lodo podían convertir cada paso en un riesgo. Pero nos dijeron que si viajábamos en grupo, era más seguro” relató.
Violencia humana y vulnerabilidad
Lo que Guillermo nunca imaginó fue que el mayor peligro no provenía del entorno implacable de la selva sino de las personas que operan en la sombra de esa ruta migratoria.
No era la naturaleza la que terminaría marcando su historia, sino la violencia humana que se aprovecha de la vulnerabilidad de quienes atraviesan el Darién.
A Guillermo y su familia, los conocí en el comedor comunitario manejado por la Red Franciscana Para Migrantes con apoyo del Quixote Center en Paso Canoas, Costa Rica, en marzo de 2025.
Su único deseo era regresar a Colombia, no continuar a Estados Unidos. Pero sin dinero, sin documentos (algunos extraviados durante el cruce por el Darién), y con el peso del trauma a cuestas, las posibilidades eran escasas.
Guillermo, contó que en el comedor comunitario recibían el almuerzo, su única comida fuerte del día. El resto lo trataban de resolver vendiendo caramelos en las calles de Paso Canoas.
Una mujer solidaria, al verlos durmiendo en la calle, les prestó un cuarto de manera temporal.
Aun así, lo poco que ganaban apenas alcanzaba para la comida del bebé y algo de harina para hacer arepas. Regresar a Colombia se convertía, con cada día que pasaba, en una posibilidad más lejana.
“Yo no sabía que había un nuevo presidente en Estados Unidos. No sabía que iba a cerrar la frontera. Me enteré aquí, por otros migrantes que estaban regresando, que seguir ya no era una opción. Si yo hubiera sabido esto, no habría salido de Colombia”, dijo entre sollozos.
Deportados a terceros países
Mientras en Paso Canoas abrazaba a quienes atravesaban el doloroso proceso de migración inversa, personas como Guillermo, que ahora intentaban regresar a Sudamérica tras haber fallado en su intento de llegar a Estados Unidos, a tan solo 20 minutos del comedor donde se reunían se desplegaba otra realidad paralela.
Cerca de 200 personas, deportadas desde Estados Unidos, permanecían retenidas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en Puntarenas. Provenían de países de Asia, África y Europa del Este, y más de 70 eran menores de edad.
Para entonces, Costa Rica, Panamá y El Salvador ya recibían migrantes deportados desde Estados Unidos que no eran sus ciudadanos, como parte de acuerdos bilaterales y arreglos migratorios, aunque las autoridades no siempre divulgaron públicamente sus términos.
Aunque la figura de las “remociones a terceros países” existía desde antes, lo que cambió fue su escala y la rapidez con la que empezó a aplicarse.
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“Una red de traslados”
Lo que históricamente se utilizaba en situaciones excepcionales pasó a consolidarse como una estrategia sistemática de disuasión migratoria y externalización de fronteras.
En menos de un año, estos acuerdos dejaron de ser arreglos puntuales para transformarse en una arquitectura diplomática más amplia.
Un informe elaborado por los miembros demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos reveló que, solo en 2025, la administración Trump destinó más de 40 millones de dólares para trasladar a cientos de migrantes a al menos dos docenas de países con los que no tenían vínculos de ciudadanía, residencia ni redes familiares.
El informe sostiene que la política no solo amplió la práctica de externalizar deportaciones, sino que también institucionalizó mecanismos financieros y acuerdos bilaterales con escasa supervisión pública, priorizando la rapidez operativa sobre las garantías procesales y el debido proceso.
En la práctica, esto implicó que las autoridades enviaron a solicitantes de asilo y a personas con procesos migratorios abiertos a países con los que no tenían ningún vínculo, sin ofrecerles información clara sobre su situación legal ni sobre sus posibilidades reales de protección.
Desde el inicio de estos acuerdos, Enlace Latino NC ha dado seguimiento a los casos en Costa Rica, Panamá, El Salvador y otros países receptores.
Lo que comenzó como una medida presentada como “temporal” terminó configurando una red de traslados que redefinió las fronteras migratorias en la región.
A continuación, una breve reseña de lo documentado en el terreno.
Costa Rica: retención sin claridad jurídica
En el CATEM, adonde trasladaron a cerca de 200 personas deportadas, entre ellas más de 70 menores de edad, estaba Alexander, un ciudadano ruso de 37 años.
Él, su esposa y su hijo fueron detenidos durante una cita relacionada con su solicitud de asilo en Estados Unidos.
“Nos dijeron que iban a retener nuestros pasaportes temporalmente”, relató. “Después nos detuvieron durante semanas. Y, de pronto, un día nos subieron a un avión. Fue allí cuando supimos que nos enviaban a Costa Rica”.
Human Rights Watch documentó que varios migrantes fueron esposados y encadenados durante los traslados.
Algunos denunciaron separaciones familiares. En un caso, las autoridades enviaron a un hombre iraní a Costa Rica sin su esposa; en otro, expulsaron a una niña de 10 años con su padre mientras su madrastra permanecía detenida en Estados Unidos.
Sin libertad para salir
Aunque el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica insistió en que no se trataba de una detención formal, durante meses estas personas no tuvieron libertad para salir.
Tampoco contaron con asistencia legal adecuada ni con información en sus propios idiomas.
El centro, concebido para estancias breves, terminó funcionando como un espacio de reclusión prolongada sin una base legal clara, según organizaciones que monitorearon el caso.
En febrero de 2026, el diario británico The Guardian informó que la empresa alemana Faber-Castell cuestionó al Gobierno de Costa Rica por haber dado un uso distinto al acordado a una antigua fábrica donada en 2018 con fines humanitarios, al destinarla como centro de alojamiento para personas deportadas desde Estados Unidos.
Por su parte, medios costarricenses señalaron que, en lo que iba de 2026, alrededor de 60 migrantes habían pasado por el centro y que, a finales de enero, no había personas alojadas en el lugar.
El Salvador: prisión sin juicio
Más al norte, en El Salvador, el gobierno deportó a 252 migrantes venezolanos y los trasladó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad destinada a pandilleros.
Las autoridades los acusaron de integrar el Tren de Aragua, pero no presentaron pruebas individuales ni les ofrecieron juicios justos antes de encarcelarlos.
Numerosas organizaciones de derechos humanos, incluidas Human Rights Watch y Cristosal, han documentado abusos sistemáticos: golpizas, torturas físicas y psicológicas, castigos en aislamiento y violencia sexual dentro del CECOT.
Algunos testimonios describen que las autoridades penitenciarias obligaron a los migrantes a arrodillarse, los golpearon con bastones y los castigaron durante periodos prolongados por protestar dentro de la prisión.
CECOT, el impacto de los meses vividos
Durante meses permanecieron encarcelados sin juicio ni acceso adecuado a abogados, inicialmente sin posibilidad de comunicarse con familiares ni de defender sus casos.
Organizaciones internacionales consideran que estos tratos constituyen violaciones graves de derechos humanos.
Además, sostienen que la administración Trump actuó con complicidad indirecta al financiar o facilitar la detención de los migrantes en un tercer país con antecedentes de abusos.
Hasta julio de 2025, las autoridades mantuvieron recluidos a ese grupo sin ofrecerles un proceso judicial claro.
Finalmente, las autoridades de El Salvador los trasladaron a Venezuela como parte de un intercambio diplomático en el que Caracas liberó a varios ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en ese país.
Aunque esta repatriación les sacó de la prisión, el impacto de los meses vividos en CECOT, el trato recibido y la ausencia de procedimientos legales transparentes siguen generando controversia, críticas internacionales y acciones judiciales.
Orden judicial
En febrero de 2026, un juez federal ordenó a la administración estadounidense facilitar, a su costo, el regreso de algunos de estos migrantes, al concluir que violó sus derechos procesales al deportarlos sin permitirles comparecer ni defenderse.
Durante 2025, las autoridades también enviaron a otro grupo de migrantes no salvadoreños a El Salvador bajo mecanismos similares de remoción a terceros países, incluso a personas con solicitudes de asilo pendientes o sin antecedentes penales, a quienes trasladaron al CECOT sin el debido proceso.
Panamá: custodia, traslado y abandono
En febrero de 2025, cerca de 300 migrantes de Asia, África y Oriente Medio fueron deportados desde Estados Unidos a Panamá bajo esquemas de traslado a terceros países.
A su llegada, las autoridades los alojaron en un hotel de la capital bajo custodia y les impidieron salir.
Quienes no podían regresar con seguridad a sus países y optaron por permanecer en Panamá fueron trasladados a un campamento en Darién.
Meses después, y tras la presión pública, las autoridades los dejaron en estaciones de autobuses sin información clara sobre su estatus ni opciones reales de protección.
En un gimnasio de la organización Fe y Alegría, en la Ciudad de Panamá, pudimos conversar con varias de las familias afectadas.
En ese momento había 57 personas provenientes de 12 países de África, Europa del Este y Asia.
Una mujer etíope relató que contaban con permisos temporales en Estados Unidos cuando fue detenida.
Tras su detención, y sin previo aviso, fueron trasladados a un centro de detención y posteriormente enviados a Panamá, un país que no conocían y cuyo idioma no hablaban.
“Tengo miedo de que me deporten a mi país”, nos dijo una ciudadana iraní que prefirió no revelar su nombre. “Yo escapé de un matrimonio forzado. Si me envían de regreso, voy a morir”, enfatizó con la voz entrecortada.
Otras personas contaron que habían llegado a la frontera tras una travesía continental agotadora y que, al entregarse a autoridades migratorias, se les informó que serían trasladadas a Texas.
Sin embargo, terminaron en Panamá. “Por muchos días mi familia en Camerún no sabía dónde estaba. Yo tampoco sabía dónde estaba hasta que nos dijeron al aterrizar que estábamos en Panamá”, relató una mujer joven, todavía confundida y quien se negó a compartir su nombre.
Historia de Marimar, un pequeño puerto
En Marimar, un pequeño puerto en la costa caribeña panameña, encontramos también a cerca de 100 personas, incluido niños, que habían sido deportados en la frontera con México o expulsadas tras intentar solicitar protección.
Allí se cruzaban sus historias con las de otros migrantes que, ante la imposibilidad de avanzar, emprendían el regreso hacia Sudamérica.
Familias enteras que, como la de Guillermo, intentaban reunir el dinero necesario para desandar el camino y volver a casa.
Muchos aguardaban durante semanas, juntando dólar por dólar hasta reunir lo necesario para pagar los botes que los llevarían de regreso a tierras colombianas.
Cada mañana partían apenas tres embarcaciones, con 36 personas a bordo en total, lo que hacía que la espera fuera larga e incierta.
La travesía ya no simbolizaba un sueño de futuro, sino el precio doloroso de deshacer el camino recorrido.
Marilis, una madre venezolana de 23 años, estaba sentada en la plazoleta con su hijo de casi dos años en brazos. Había sido detenida y deportada cuando se dirigía a su trabajo en Chicago.
Con la mirada cansada pero firme, resumió su anhelo en una sola frase: “Solo queremos volver a un lugar donde no nos traten como criminales.”
Desde Marimar partían hacia comunidades costeras y, desde allí, abordaban pequeñas embarcaciones hacia Capurganá y luego hacia Necoclí, ya en territorio colombiano.
Experiencia aterradora
Guillermo, a quien ayudamos a conseguir los 250 dólares que costaba cada pasaje para cruzar con sus hijas, su nieto, nos contó semanas después que la travesía fue aterradora.
“Cuando estábamos mar adentro, hubo momentos en que pensamos que el bote se iba a voltear. Nos dio mucho miedo el movimiento y cómo afectaba al bebé”.
Hasta finales de 2025 y comienzos de 2026, no se han reportado públicamente datos oficiales y verificables sobre nuevas rondas de deportaciones masivas a Panamá bajo este esquema, más allá de la primera fase documentada en 2025.
Sin embargo, el episodio dejó una huella profunda: personas trasladadas sin vínculos con el país receptor, retenidas bajo custodia, desplazadas internamente y finalmente abandonadas a su suerte en una geografía que no era la suya.
La expansión de los acuerdos con terceros países
El informe elaborado por los miembros demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos examina en detalle los acuerdos suscritos con cinco países: El Salvador, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Esuatini y Palaos.
Según el documento, la administración habría comprometido pagos directos a estos gobiernos para facilitar la recepción de migrantes deportados que no son ciudadanos de esos territorios, consolidando así el uso de las llamadas “remociones a terceros países”.
Las cifras desglosadas indican que aproximadamente 250 venezolanos fueron enviados a El Salvador; 29 migrantes a Guinea Ecuatorial; 15 a Esuatini; y siete a Ruanda.
Ninguna persona fue finalmente trasladada a Palaos, pese a que el país figuraba dentro de los acuerdos analizados.
“Por encima del debido proceso”
Más allá de los números, el informe plantea una preocupación de fondo sobre el giro estructural que ha tomado esta política.
La senadora Jeanne Shaheen, demócrata por New Hampshire y miembro principal del comité, fue contundente en su crítica.
“Deportar migrantes a países con los que no tienen ninguna conexión se ha convertido en un instrumento rutinario de diplomacia”.
También advirtió que “millones de dólares de los contribuyentes se están gastando sin supervisión significativa ni rendición de cuentas”, priorizando la rapidez y la disuasión por encima del debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
Acuerdos pocos transparentes
El documento sostiene que la administración ha ampliado e institucionalizado un sistema mediante el cual Estados Unidos insta o presiona a otros países para que acepten migrantes que no son sus ciudadanos.
A menudo, se realizan a través de acuerdos costosos, poco transparentes y escasamente monitoreados.
Lo que antes se aplicaba de manera excepcional se habría transformado en una herramienta regular dentro de la estrategia de control migratorio.
La magnitud de esta expansión queda reflejada en documentos internos del gobierno revisados por The Associated Press.
Según esos registros, existen actualmente 47 acuerdos de remoción a terceros países en distintas etapas de negociación.
De ese total, 15 ya han sido concluidos, mientras que otros 10 están finalizados o cerca de concluirse.
Paralelamente, el gobierno negocia acuerdos adicionales con países que aceptarían a solicitantes de asilo mientras se tramitan sus casos: hay 17 procesos en curso, incluidos nueve que ya han entrado formalmente en vigor.
No obstante, los documentos indican que la administración considera que un acuerdo no necesita estar plenamente formalizado para que puedan efectuarse traslados hacia ese país.
Presiones diplomáticas, cooperación migratoria
Este entramado de convenios no ocurre en el vacío. En febrero de 2025, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reconoció públicamente las tensiones que rodean este tipo de decisiones.
“Estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte (Estados Unidos), quien, si nos pone un impuesto en zonas francas, nos friega.”, declaró.
El presidente Rodrigo Chavez, dejando entrever que la cooperación migratoria también responde a presiones diplomáticas y económicas que colocan a países más pequeños en posiciones de vulnerabilidad frente a Washington.
Acuerdos financieros opacos con gobiernos extranjero
El informe acusa además al Departamento de Estado de establecer acuerdos financieros opacos con gobiernos extranjeros, algunos con antecedentes preocupantes en materia de corrupción y derechos humanos, con el objetivo de expandir rápidamente el programa de remociones a terceros países.
Según sus críticos, esta política no solo redistribuye personas, sino que desplaza responsabilidades legales y humanitarias hacia países que no siempre cuentan con las capacidades institucionales necesarias para garantizar protección efectiva.
El acuerdo con Ecuador
No todos estos convenios contemplan compensación económica directa. Un ejemplo es el acuerdo firmado con Ecuador, que introduce una variante distinta dentro de esta arquitectura migratoria.
El convenio establece que Ecuador no devolverá a ninguna persona transferida desde Estados Unidos a su país de origen o residencia anterior mientras exista una solicitud migratoria pendiente.
La canciller Gabriela Sommerfeld anunció que el país aceptaría hasta 300 personas deportadas por año bajo este esquema y que no recibiría compensación económica por hacerlo.
Sin embargo, el anuncio generó rechazo en un país que atraviesa una prolongada crisis de violencia y que, en 2023 y 2024, registró un aumento significativo en la emigración hacia Estados Unidos, consolidándose como uno de los principales países sudamericanos de origen dentro de esos flujos migratorios.
Para diversos sectores, aceptar a nacionales de terceros países en ese contexto resulta contradictorio y riesgoso.
Carlos J., abogado en Guayaquil, lo expresó con indignación: “El gobierno ecuatoriano no logra siquiera atender adecuadamente a sus propios ciudadanos, ni está en capacidad de recibir dignamente a nuestros migrantes deportados, y aun así está aceptando a nacionales de terceros países. Es inaudito”.
Paraguay, “tercer país seguro”
Ecuador se suma a Paraguay —primer país sudamericano en firmar un acuerdo de “tercer país seguro” con Estados Unidos—, que el 20 de febrero también suscribió un memorando para colaborar en la repatriación de migrantes no admitidos, y a Belice, que formalizó un convenio similar dentro de esta estrategia de externalización migratoria.
Ante las críticas, la administración ha defendido estos acuerdos como una respuesta pragmática frente a la negativa de algunos países de origen a recibir a sus ciudadanos deportados.
En la mayoría de los casos, sostienen, se trata de personas con antecedentes penales.
No obstante, registros públicos indican que algunos de los migrantes trasladados no tenían condenas en Estados Unidos, lo que ha avivado el debate sobre la legalidad, la proporcionalidad y el respeto al debido proceso en estas transferencias.
Para Muzaffar Chishti, investigador principal del Migration Policy Institute, el envío de personas a terceros países representa una externalización de responsabilidades jurídicas con profundas implicaciones.
“Una vez que te llevas a esas personas fuera, las leyes, la Constitución y las regulaciones estadounidenses ya no aplican”, explicó.
Chishti, subrayó que “el riesgo de que estas prácticas diluyan las garantías procesales y los estándares de protección que, en teoría, deberían regir todo procedimiento de deportación”
Deportaciones a terceros países
Las deportaciones hacia terceros países no solo continúan, sino que se han consolidado como una herramienta recurrente dentro de la política migratoria estadounidense.
Según reportó The New York Times, en el marco de un acuerdo confidencial de deportación, la administración Trump trasladó en enero a nueve personas a Camerún, una nación africana que no es el país de origen de ninguno de los deportados.
Casi todos contaban con protecciones otorgadas por tribunales estadounidenses que les impedían ser enviados de regreso a sus países de nacionalidad.
Además, no existía anuncio público alguno de un acuerdo formal con Camerún para recibir migrantes de terceros países.
El operativo se realizó sin transparencia ni notificación previa clara a las personas trasladadas.
Varios de los deportados, cuyos casos no se habían reportado antes, dijeron que desconocían su destino hasta que los esposaron y encadenaron en un vuelo del Departamento de Seguridad Nacional que salió de Alexandria, Luisiana, el 14 de enero.
Según sus testimonios, las autoridades no les notificaron su envío a Camerún ni les permitieron impugnar el traslado antes de abordar el avión, a pesar de contar con protecciones judiciales vigentes.
Acuerdos no divulgados públicamente.
La preocupación aumentó cuando las autoridades arrestaron en Camerún a cuatro periodistas y a un abogado que intentaban documentar el programa secreto de deportaciones.
En Yaundé, el complejo ya albergaba a migrantes africanos deportados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que sugiere que Camerún podría estar recibiendo a más personas bajo acuerdos no divulgados públicamente.
Traslado en secreto
Otro caso alarmante es el de una solicitante de asilo congoleña que había recibido autorización para permanecer en Estados Unidos.
Según reportes citados por medios internacionales, su vida se encuentra en “grave peligro” después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la trasladara en secreto a un país africano no identificado.
Su esposo, un político local temido en su país de origen, continúa buscándola en distintos países del continente.
El traslado, sin notificación pública ni claridad sobre su paradero, ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo extremo de los riesgos asociados a las deportaciones a terceros países.
Preocupación
Estos casos intensifican las alertas de organizaciones legales y defensoras de derechos humanos sobre acuerdos opacos y traslados extraterritoriales.
Estos acuerdos, denuncian, restringen el acceso a defensa legal, control judicial y protección efectiva.
Para los críticos, no es solo una política migratoria más estricta, sino la externalización de responsabilidades legales y humanitarias hacia países que no siempre garantizan seguridad ni debido proceso.
Migración inversa
Al mismo tiempo que continúan estas deportaciones, también persiste la llamada migración inversa.
En 2025 se documentó que más de 14,000 migrantes retornaron desde México y Estados Unidos hacia países como Costa Rica, Panamá y Colombia.
La mayoría eran venezolanos, muchos de ellos familias con niños, mujeres embarazadas y personas en condiciones de alta vulnerabilidad.
Informes regionales indican que numerosos migrantes que quedaron varados en México o Centroamérica optaron por regresar hacia Sudamérica, convirtiendo el retorno en un componente estructural del panorama migratorio actual.
La falta de vías legales claras, el endurecimiento de los controles fronterizos y la reducción de mecanismos de acceso al asilo han contribuido a esta tendencia.
Un patrón sostenido de retorno
Desde la implementación de medidas más restrictivas a partir de 2025, se ha mantenido un patrón sostenido de retorno hacia el sur.
Organizaciones especializadas en monitoreo migratorio documentan que la migración inversa siguió siendo significativa durante 2025.
Y en análisis preliminares para 2026 comienza a tomar relieve, aunque los datos oficiales aún están incompletos.
Además, proyecciones demográficas apuntan a que la migración neta podría mantenerse baja o incluso negativa en 2026.
Esto, indicaría que más personas están saliendo de Estados Unidos, siendo expulsadas o desistiendo de intentar llegar.
En conjunto, las deportaciones a terceros países y la migración inversa configuran un escenario en el que no solo se restringe el ingreso, sino que se reconfigura profundamente la dinámica regional de movilidad humana.
Las fronteras que no terminan
Casi un año después de haber conocido a Guillermo, desde Bogotá, contó que todavía no ha podido pagar los préstamos que sacó para financiar el viaje hacia Estados Unidos.
No ha logrado encontrar trabajo estable y, debido a ello, sus hijas aún no han podido regresar a la escuela. La deuda económica se suma a otra más profunda: la emocional.
La familia continúa lidiando con las secuelas psicológicas que dejó el cruce por el Darién, la violencia presenciada y la incertidumbre que los obligó a retroceder.
Pero la historia de Guillermo como la de cientos de migrantes no termina en el regreso ni tampoco termina en la frontera.
La migración inversa y las deportaciones a terceros países revelan una nueva arquitectura del control migratorio.
Esta se convirtió en una en la que las fronteras se desplazan, se externalizan y se multiplican lejos del territorio estadounidense.
Personas que nunca llegaron a pisar suelo norteamericano quedaron varadas en Centroamérica.
Otras que sí llegaron, fueron enviadas a países con los que no tenían ningún vínculo, enfrentando detención, estigmatización y procesos opacos.
En este nuevo mapa migratorio, el regreso no siempre significa protección, y la deportación no siempre implica retorno al país de origen. Significa, muchas veces, quedar suspendido en un limbo legal y humano.
Y mientras los acuerdos entre gobiernos se negocian en despachos lejanos, las consecuencias se viven en cuartos prestados, en refugios improvisados, en cárceles extranjeras.
La pregunta que queda no es solo cuántas personas fueron retornadas o transferidas. Es cuántas vidas quedaron fracturadas en el proceso.
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