El condado de Alamance y la ciudad de Graham pagarán $120,000 a cinco personas arrestadas durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
La protesta, que se realizó en noviembre del 2019 en contra los acuerdos de cooperación entre el ICE y la oficina del alguacil del condado de Alamance dejó un saldo total de 9 personas arrestadas, pero solo 5 de ellas se sumaron a una acción judicial.
La demanda estuvo representada por la facultad de derecho de la Universidad de Carolina del Norte (NCCU, por sus siglas en inglés) y la organización Emancipate NC.
“El acuerdo representa que hay maneras en que podemos luchar por la ley”, dijo Xavier Adamas, a Enlace Latino NC durante el evento “La justicia realizada: un juicio por derechos civiles”, que se llevó a cabo el 9 de abril en la escuela de leyes de la NCCU.
“Según este acuerdo, la ley puede también funcionar para nosotros si nosotros protestamos para proteger los derechos que nosotros tenemos dentro la ley. Y para mí este dinero es una parte que necesitamos para esa justicia”, señaló.
Además de Xavier, Katelyn Campbell, Lisa Rowden, Ruby Sinreich, y Mark Sfeir., participaron en la demanda presentada en 2022.
Agentes encubiertos
Durante el evento, Campbell, Rowden y Sinreich también compartieron sus vivencias.
Asimismo, estuvieron presentes, del equipo legal, Taylor Miller, abogada de derechos civiles y Scott Holmes, director de la clínica de la facultad de derecho de la NCCU.
“Supimos que, antes de la protesta, una de las entidades, no recuerdo si fue la policía de Alamance o la de Graham, envió agentes encubiertos para recopilar información”, indicó Katelynn Campbell, arrestada en la acera pública.
“También, generaron listas de matrículas de automóviles, tratando de emparejarlas con las identidades de activistas que sospechaban que estaban involucrados en otras protestas, específicamente en torno a monumentos confederados”, recordó.
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El sentir del corazón
Ruby Sinreich, mencionó que participó en la protesta porque sintió en su corazón que era algo justo, “conociendo la reputación del alguacil del condado de Alamance Terry Johnson”, dijo.
“El propósito de la protesta no fue planeado como un acto de desobediencia civil ni para ser arrestados”, agregó.
Por su parte, Lisa Rowden, expresó que no tenía ninguna duda que el día de la protesta se encontrarían con oposición y arrestos. “Lo he visto pasar una y otra y otra vez en el condado de Alamance”, dijo.
El arresto de Xavier, el único afrolatino
Xavier explicó a Enlace Latino NC que parte del caso fue su arresto porque del grupo era el único afromexicano.
“Tuve mis manos al frente de mi cuerpo. Y la policía empezó a pegarnos para tratar de remover nosotros de la calle”, recordó. “Y en un momento, uno de los líderes de la policía me identificó y dijo que necesita salir de la marcha”, comentó.
“Salí y me arrestó. No hice nada diferente de los otras personas blancos, pero por mi color, ellos me arrestaron”.
Xavier, de padres originarios de Oaxaca, México fue liberado al pagar la fianza correspondiente y nunca fue interrogado por su estatus migratorio.
“Pienso porque en el mundo nosotros no tenemos una idea sobre la diversidad de qué es latinidad”, dijo. “Y por eso en la mente de la policía solo soy una persona morena o afroamericana”, expresó.
La demanda
La batalla legal inició el 27 de octubre de 2022, cuando los demandantes presentaron una acción judicial en un tribunal federal por la violación de sus derechos constitucionales.
La demanda fue presentada contra la ciudad de Graham, así como contra varios agentes del orden en su capacidad individual. Eso incluyó a la oficina del alguacil del condado de Alamance y al Departamento de Policía de Haw River.
Después de tres años de litigio, se llegó a un acuerdo entre los demandantes y los acusados, con una compensación de $120,000 para los demandantes.
Ese acuerdo será pagado por la ciudad de Graham. También participan funcionarios de la ciudad de Alamance y del pueblo de Haw River.
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Xavier Adams y la demanda contra el oficial Clint Cross
Dentro de la acción judicial Xavier Adams, también interpuso una demanda contra el oficial Clint Cross alegando que fue arrestado ilegalmente, en violación de su derecho constitucional establecido en la Cuarta Enmienda.
Puntos principales de la demanda:
- El arresto fue ilegal, ya que se debió a su negativa a obedecer una orden de dispersarse que era a su vez ilegal.
- El oficial Cross realizó el arresto sin causa probable para creer que Adams había cometido conducta desordenada
- Este acto constituye una violación de la Cuarta Enmienda, que protege a las personas de detenciones sin justificación legal.
- Además, Cross actuó bajo apariencia de autoridad oficial (“color of law”), es decir, en calidad de funcionario público, cuando cometió esta supuesta violación de derechos.
Ordenanza de Graham
En noviembre 2019, en una acción organizada por la coalición ‘Never Againt Action’ cientos de personas planearon marchar por la acera desde el Centro de Vida Espiritual en Graham hasta la corte y carcel de Alamance.
Según la demanda, los manifestantes llevarían a cabo “la shivá” frente a la cárcel en honor a quienes murieron bajo custodia federal de inmigración. La shivá” es un ritual judío de luto que dura siete días, inmediatamente después del entierro de un ser querido cercano.
Siguiendo la ley, los manifestantes habían planeado específicamente permanecer en las aceras y en propiedad pública durante toda la duración de la protesta. Por lo tanto, Never Again Action no obtuvo un permiso para la protesta porque no lo necesitaban.
Pero la ciudad contaba con una ordenanza que exigía que los grupos de protesta obtuvieran un permiso del departamento de policía con al menos 24 horas de anticipación.
Bloqueo y arrestos
En base de la ordenanza fuerzas del orden declararon ilegal la protesta y elaboraron un plan operativo para impedir que el grupo se manifestara.
Los agentes formaron a lo largo de la calzada y la acera, advirtiendo al grupo que estaban infringiendo la ley municipal y que podrían ser arrestados.
La manifestación continuó su marcha pero agentes y vehículos rodearon a los manifestantes bloqueando las aceras y la calzada creando barreras en todos los lados.
“Y aunque los manifestantes tenían la intención de permanecer en la acera pública durante toda la protesta, las fuerzas del orden les impidieron hacer precisamente eso”, mencionó Amy Vickers, integrante del equipo en la acción judicial.
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“Los manifestantes no cometieron crimen alguno”
“La Primera Enmienda es la libertad de expresión. Los manifestantes que asistieron a la protesta de Never Again Action no cometieron ningún delito. Sin embargo, fueron acusados de crímenes”, dijo Vickers.
“Ellos no cometieron delitos. Como vieron en los videos: cantaron, corearon consignas, dieron discursos, sostuvieron pancartas y banderas para simbolizar su oposición”, señaló.
Por esta razón, remarcó el equipo legal, la ordenanza de Graham fue derogada. “No fue algo voluntario; se determinó que tenía que ser derogada”, afirmaron.
Ordenanza revocada
En julio 2020, un juez federal otorgó una orden de restricción temporal que impedía la aplicación de la ordenanza, y posteriormente, el Concejo Municipal de Graham votó para revocarla oficialmente.
Varias organizaciones, incluida ACLU NC y ocho personas individuales impugnaron la ordenanza en una demanda, alegando que violaba los derechos de los manifestantes bajo la Primera y la Decimocuarta Enmiendas.
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