Un nuevo informe estatal reveló que entre el 2017 y el 2021, los jueces de Carolina del Norte convirtieron 375 mil casos de delitos menores en sanciones civiles. Y aunque a simple vista puede ser beneficioso, para miles de personas esto se convierte en un problema mayor ya que no tienen los recursos económicos para pagar los costos de estas sanciones.
El informe, "Waiving Criminal Court Fees Prevents Harms of Civil Debt", expone que los ciudadanos de Carolina del Norte implicados en el sistema de justicia penal deben hacer frente a obligaciones financieras que pueden ascender a miles de dólares, y la mayoría son pobres y no pueden pagarlas.
"Muchas personas implicadas en el sistema jurídico penal viven al margen de la economía. La mayoría de los acusados no pueden contratar a su propio abogado debido a la indigencia", mencionó Laura Webb, directora del Proyecto de Justicia Penal Fair Chance.
El estudio, fue realizado por el Centro de Préstamos Responsables, Forward Justice y el Centro de Justicia de Carolina del Norte.
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Graves repercusiones económicas
También, el informe reveló que la práctica de convertir multas en sentencias civiles es cada vez más común. Pero se pagan pocas deudas civiles, lo que deja a los acusados sujetos a sentencias que acarrean graves repercusiones económicas.
Del 2017 al 2021, por ejemplo, se generó conceptos por un total de $ 94 millones; sin embargo, el Estado recaudó menos del 5% de estas multas.
"En Carolina del Norte, la persona media en prisión no tiene un diploma de secundaria. El costo de la participación en el sistema jurídico penal puede ascender rápidamente a miles de dólares", dijo Webb. "Pero las personas que deben pagar estos costos a menudo no tienen los recursos financieros para hacerlo", señaló.
Asimismo, la directora del Proyecto de Justicia Penal "Fair Chance, indicó que deuda resultante de esta implicación puede resultarles difícil o imposible de saldar.
"La ley de Carolina del Norte prevé varias formas para que los funcionarios judiciales intenten cobrar las obligaciones financieras penales", explicó. "Una opción permite a los jueces ordenar que algunas de estas obligaciones financieras se conviertan en una sentencia civil", agregó.
Aumento de sentencias civiles
El estudio reciente revela que entre 2017 y 2021, los jueces estatales impusieron obligaciones financieras penales que ascienden a más de 94 millones de dólares, registradas como sentencias civiles en unos 375,000 casos. De esta cantidad, solo un 4.7%, equivalente a 4.5 millones de dólares, fue efectivamente recaudado para fines del año 2021.
Aproximadamente el 29%, o sea, 27.7 millones de dólares del total de estas obligaciones, estaban relacionados con honorarios de abogados no pagados por acusados en condición de indigencia.
Impacto y consecuencias
Un estudio reciente ha descubierto que, desde 2017 hasta 2021, jueces estatales han emitido sanciones financieras penales por un monto superior a los 94 millones de dólares, los cuales fueron registrados como parte de sentencias civiles en alrededor de 375,000 casos. Sin embargo, de este total, solo se logró recaudar un 4.7% —unos 4.5 millones de dólares— al cierre de 2021.
De forma notable, cerca del 29% de estas obligaciones financieras, que equivalen a 27.7 millones de dólares, correspondían a honorarios legales impagos de acusados en situación de pobreza.
Recomendaciones
La Constitución de los EE.UU. y la ley de Carolina del Norte requieren que el sistema judicial alivie a aquellos que no pueden pagar sus obligaciones financieras penales.
Asimismo, los autores recomiendan que los abogados soliciten sistemáticamente la exención de esas multas y honorarios para los acusados elegibles mediante la presentación del formulario judicial, Request For Relief From Fines, Fees And Other Monetary Obligations, And Order On Request. También, recomiendan que los jueces renuncien con frecuencia a las multas y tasas en lugar de convertirlas en sentencias civiles.