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Solicitar beneficios por discapacidad del Seguro Social puede convertirse en un proceso largo y frustrante. Muchas solicitudes son rechazadas en una primera instancia, los tiempos de espera pueden extenderse durante meses y, para algunos solicitantes, entender los requisitos del sistema representa un desafío adicional.
Para la comunidad latina, las barreras del idioma, las dificultades para reunir documentación médica y el temor a compartir información con el gobierno pueden complicar aún más el proceso.
Rick Fleming, abogado especialista en derecho de discapacidad de la firma James Scott Farrin, explicó a Enlace Latino NC cuáles son los errores más frecuentes que provocan una negativa, qué opciones tienen quienes reciben un rechazo y por qué las demoras continúan afectando a miles de personas en todo el país.
Según datos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), el tiempo promedio de procesamiento de una solicitud inicial de beneficios por discapacidad alcanzó los 231 días durante el año fiscal 2024. La SSA también reportó más de 500,000 solicitudes pendientes con más de 180 días de antigüedad.
¿Quién puede solicitar beneficios por discapacidad del Seguro Social?
De acuerdo con la Administración del Seguro Social, el programa de Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) ofrece pagos mensuales a personas cuya condición médica les impide trabajar o limita significativamente su capacidad para hacerlo.
Para ser elegible, la persona debe cumplir con la definición federal de discapacidad, haber acumulado suficientes créditos laborales mediante trabajos cubiertos por el Seguro Social y encontrarse legalmente en Estados Unidos. Según explicó Fleming, la Administración del Seguro Social exige documentación que demuestre ese estatus migratorio. La agencia también evalúa cada caso utilizando criterios médicos y laborales específicos para determinar si el solicitante reúne los requisitos necesarios.
Por qué las solicitudes tardan tanto
Según Fleming, las largas esperas tienen múltiples causas.
Por un lado, el envejecimiento de la población ha provocado un aumento constante en el número de solicitudes de beneficios por discapacidad. Al mismo tiempo, la Administración del Seguro Social ha visto disminuir su fuerza laboral debido a años de financiamiento insuficiente, mientras que las oficinas estatales encargadas de evaluar las solicitudes han enfrentado problemas para reclutar y retener personal.
Además, cada solicitud requiere una revisión exhaustiva de historiales médicos, expedientes clínicos y otra documentación. Cuando la evidencia disponible no es suficiente, la agencia puede solicitar exámenes médicos adicionales realizados por profesionales independientes, lo que agrega semanas o incluso meses al proceso.
A esto se suma otro factor importante: la mayoría de las solicitudes iniciales son rechazadas y terminan entrando en un sistema de apelaciones con varias etapas.
“Estos largos tiempos de espera pueden tener impactos desastrosos en las familias”, dijo a Enlace Latino NC Fleming.
El abogado recordó casos particularmente dramáticos.
“Hemos visto situaciones extremas en las que un solicitante falleció antes de la fecha de su audiencia porque simplemente no podía pagar los medicamentos que necesitaba para vivir”, afirmó.
Según explicó, cuando una persona ya no puede trabajar debido a una discapacidad, las demoras pueden agravar los problemas financieros, obligar a las familias a depender de programas de asistencia pública o incluso llevarlas a declararse en bancarrota. También pueden provocar estrés prolongado y dificultar el acceso continuo a atención médica y medicamentos.
Los errores más comunes que provocan una negativa
Fleming estima que más del 85% de las consultas que recibe su firma involucran problemas de elegibilidad técnica o casos en los que la condición médica no cumple con los requisitos establecidos por el Seguro Social.
Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando una persona solicita beneficios mientras continúa trabajando a tiempo completo y percibiendo ingresos superiores a los límites permitidos por el programa.
“Conocer cuándo presentar la solicitud es importante”, explicó.
También son habituales las negativas relacionadas con la falta de evidencia médica suficiente para respaldar la discapacidad alegada.
Entre los errores más comunes, Fleming mencionó:
- No presentar registros médicos completos.
- No contar con evaluaciones de especialistas.
- Tener interrupciones en el tratamiento médico.
- No seguir las terapias o tratamientos recomendados.
- Completar formularios de manera incompleta o inconsistente.
- Minimizar el impacto que la condición tiene en la vida diaria.
- Describir de manera insuficiente las exigencias físicas y mentales de trabajos anteriores.
Para aumentar las probabilidades de aprobación, recomienda mantener atención médica regular, seguir las indicaciones de los profesionales de salud, conservar documentación detallada y explicar con precisión cómo la condición limita la capacidad de trabajar.
Información de contacto
Law Offices of James Scott Farrin/Las Oficinas Legales de James Scott Farrin
Sitio web y chat en vivo: www.farrin.com
Teléfono: 800-222-7700
Facebook: LasOficinasLegalesDeJamesScottFarrin
Barreras adicionales para los latinos
Las personas latinas pueden enfrentar obstáculos adicionales durante el proceso.
Fleming explicó que para acceder a beneficios por discapacidad una persona debe encontrarse legalmente en el país y demostrar su estatus mediante documentos originales, como una tarjeta de residencia permanente o un certificado de naturalización.
La Administración del Seguro Social no acepta fotocopias ni imágenes de esos documentos.
Las barreras lingüísticas también pueden complicar significativamente el proceso.
“Las barreras del idioma pueden afectar significativamente el proceso de solicitud de SSD, especialmente al navegar formularios complejos y confusos”, señaló.
Según explicó, algunas familias dependen de familiares jóvenes e incluso de niños para traducir e interpretar información relacionada con el trámite.
Otro problema frecuente es la dificultad para reunir documentación médica suficiente.
Muchos solicitantes latinos carecen de seguro médico o tienen una cobertura limitada, por lo que suelen depender de clínicas comunitarias o recibir atención médica de manera intermitente. Como resultado, pueden tener menos registros médicos disponibles para demostrar la gravedad de su condición.
Fleming también señaló que, en algunas comunidades latinas, ciertas actitudes culturales hacia la discapacidad y una fuerte tradición de cuidado familiar pueden hacer que algunas personas retrasen la búsqueda de ayuda o eviten hablar abiertamente sobre sus problemas de salud.
Esto puede traducirse en diagnósticos tardíos, tratamientos demorados y menos acceso a recursos disponibles.
El temor a compartir información con el gobierno
Para algunos inmigrantes elegibles, el miedo también puede convertirse en una barrera al momento de obtener beneficios por discapacidad del Seguro Social.
Fleming dijo que algunas personas temen que la Administración del Seguro Social comparta información con autoridades migratorias o que puedan enfrentar problemas al acudir a una oficina para presentar documentos originales.
“Hay temores de que la SSA pueda estar coordinándose con ICE o que el solicitante sea detenido en su camino a una oficina del Seguro Social”, explicó.
Aunque gran parte del proceso puede ser manejado por abogados en representación del solicitante, la necesidad de presentar prueba de presencia legal sigue generando preocupación para algunas familias.
Según Fleming, los abogados y el personal bilingüe de su firma asesoran frecuentemente a familias que tienen dudas sobre este tema.
Qué hacer si usted recibe una negativa
Recibir una respuesta negativa no significa que el caso haya terminado.
Fleming explicó que el proceso de apelación tiene varias etapas y plazos estrictos que deben cumplirse.
Generalmente, una persona tiene 60 días para solicitar una reconsideración después de recibir una denegación inicial.
Si la reconsideración también es rechazada, puede solicitar una audiencia ante un juez administrativo. Posteriormente existen otras instancias de revisión, incluyendo el Consejo de Apelaciones y, eventualmente, una demanda ante un tribunal federal.
“El proceso de apelación es complicado y tiene plazos estrictos que deben cumplirse”, advirtió.
Aunque la representación legal no es obligatoria, Fleming considera que puede resultar especialmente útil para recopilar evidencia médica, identificar debilidades en un caso, preparar a los solicitantes para una audiencia y asegurarse de que no se incumpla ningún plazo.
“La representación puede ser particularmente valiosa una vez que el caso llega al nivel de audiencia”, afirmó.
Cambios que podrían acelerar el sistema
Fleming cree que existen varias medidas que podrían reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso para las comunidades más vulnerables.
Entre ellas mencionó una mayor integración entre la Administración del Seguro Social y las redes electrónicas de historiales médicos, lo que permitiría obtener información clínica de manera más rápida.
También propuso ampliar la lista de discapacidades que permiten pagos temporales inmediatos y aumentar la contratación de personal bilingüe.
Además, destacó una propuesta legislativa presentada recientemente por la congresista Valerie Foushee denominada RECON Act.
Actualmente, las personas cuya solicitud es rechazada deben pasar obligatoriamente por una etapa de reconsideración antes de poder solicitar una audiencia ante un juez administrativo.
La propuesta permitiría que los solicitantes tengan la opción de omitir esa etapa y avanzar directamente hacia una audiencia.
“Para muchas personas, esa audiencia representa la primera oportunidad real de presentar completamente su caso”, señaló Fleming. “Darles esa opción podría ayudar a reducir retrasos y permitir que avancen de manera más eficiente dentro del sistema”.
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