Por Haydeé López/Corresponsal en Washington D.C.
El jueves por la noche, el Senado de Estados Unidos no logró aprobar un acuerdo bipartidista para financiar el gobierno federal, a pesar de que la Casa Blanca y los senadores demócratas ya habían alcanzado un acuerdo.
El principal obstáculo no fue el contenido del acuerdo, sino la falta de consenso entre los propios senadores sobre qué enmiendas se permitirían durante el debate, un paso necesario para agilizar el proceso legislativo.
Ante esta situación, aumenta la posibilidad de un cierre parcial del Gobierno federal a partir de la medianoche del viernes 30 de enero.
Tras conocerse que no habría votación, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, expresó su frustración y señaló a los republicanos como responsables del estancamiento.
“La responsabilidad ahora recae en los republicanos. Tienen que ponerse de acuerdo”, declaró el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, visiblemente frustrado, tras conocerse que no habría votación.g
Un acuerdo frágil y un reloj que no se detiene
El acuerdo negociado contempla dos piezas centrales. Por un lado, financiar la mayoría de las agencias federales, incluidos Defensa, Salud, Educación, Transporte y Vivienda, hasta finales de septiembre, evitando así interrupciones prolongadas en servicios esenciales.
Por otro, extender la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) únicamente por dos semanas, un punto clave exigido por los demócratas.
Esa extensión temporal busca ganar tiempo para renegociar las funciones y protocolos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de una creciente indignación pública tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good, a manos de agentes federales en Minneapolis.
Sin embargo, cualquier senador puede bloquear el avance rápido de una legislación, y eso fue precisamente lo que ocurrió.
El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, reconoció haber objetado el acuerdo, calificándolo como un “trato malo” y denunciando que los agentes de ICE están siendo “demonizados”.
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ICE en el centro del debate político
El enfrentamiento va mucho más allá de un simple desacuerdo presupuestario. Para los demócratas, este es un punto de inflexión.
Tras los hechos en Minneapolis, el bloque presentó una lista clara de exigencias: prohibir que agentes federales operen con el rostro cubierto, obligarlos a identificarse, exigir órdenes judiciales más estrictas, eliminar patrullajes sin justificación específica y establecer códigos de conducta comparables a los de policías estatales y locales, incluyendo el uso de cámaras corporales.
“Estos agentes deben seguir las mismas reglas que cualquier fuerza del orden local. Tiene que haber responsabilidad”, afirmó la senadora Tina Smith, de Minnesota, subrayando la unidad inusual que hoy muestra la bancada demócrata.
Schumer fue aún más contundente: aseguró que su partido no proporcionará los votos necesarios para una financiación a largo plazo del DHS hasta que ICE esté “bajo control y sea reformado”.
“El pueblo estadounidense apoya la seguridad, pero no apoya que ICE aterrorice comunidades ni que ciudadanos mueran en nuestras calles”, sentenció.
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Riesgo de cierre, aunque con impacto limitado
Si el Congreso no actúa antes del plazo, una parte del Gobierno federal quedará sin financiación a partir de las 12:01 a.m. del sábado.
Sin embargo, el impacto inmediato sería limitado, ya que la mayoría de los empleados federales no trabajan los fines de semana y la Cámara de Representantes no regresará a Washington hasta el lunes.
Aun así, el simbolismo político es significativo. Un nuevo cierre llegaría apenas dos meses después de uno anterior que duró 43 días, provocado por una disputa distinta pero igualmente polarizada.
Aquella vez, el Gobierno reabrió solo cuando un pequeño grupo de demócratas moderados rompió filas y negoció con los republicanos.
Esta vez, el contexto es distinto: la muerte de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis han endurecido las posiciones y reducido el margen para concesiones rápidas.
La Casa Blanca presiona para evitar otro cierre
El presidente Donald Trump ha dejado claro que no quiere un nuevo cierre. A través de redes sociales y declaraciones públicas, instó a ambos partidos a respaldar el acuerdo, destacando que permitiría mantener el Gobierno funcionando y garantizar fondos temporales para el DHS, incluida la Guardia Costera.
“Estamos trabajando en esto ahora mismo. No queremos un cierre”, afirmó Trump, aunque sin detallar cómo se desarrolló las objeciones internas en el Senado.
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Qué viene ahora
El Senado intentará retomar la votación, hoy, viernes 30 de enero, pero el resultado sigue siendo incierto.
Para avanzar rápidamente, se requiere consentimiento unánime, y varios senadores republicanos aún negocian qué cambios quieren someter a votación. Incluso si el Senado logra aprobar el paquete, la Cámara de Representantes deberá actuar el lunes, lo que técnicamente dejaría al país en un cierre breve.
Mientras tanto, ICE continuará operando incluso si el DHS queda temporalmente sin fondos, ya que la agencia cuenta con asignaciones aprobadas previamente que le permiten mantener sus operaciones básicas.
Su presupuesto anual para 2026 ronda los 10–12 mil millones de dólares, y además dispone de fondos suplementarios de hasta 75 mil millones aprobados para los próximos años destinados a detenciones, deportaciones y operaciones de seguridad fronteriza (Brennan Center for Justice).
Esto no ha calmado a los demócratas, que ven en esta coyuntura una oportunidad política y moral para forzar cambios estructurales en la agencia.
Lo que está en juego no es solo evitar un cierre administrativo, sino definir hasta dónde llega el poder de las agencias federales de inmigración y qué límites está dispuesto a imponer el Congreso en nombre de la rendición de cuentas y los derechos civiles.
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