Dos fallos de tribunales federales han validado leyes electorales clave en Carolina del Norte: una que permite eliminar a votantes de las listas si su correo es devuelto como “no entregable” y otra que mantiene vigente el requisito de identificación con foto para votar.
Las decisiones, anunciadas en marzo, representan una victoria para la legislatura estatal y para defensores de las reformas electorales. Por su parte, los críticos advierten que podrían afectar de manera desproporcionada a votantes de bajos ingresos, a comunidades minoritarias y a personas que se mudan con frecuencia.
Ambos casos se producen en medio del debate nacional sobre cómo equilibrar precisión electoral y el acceso al voto.
Caso sobre correo “no entregable”
La decisión, emitida por el juez federal Thomas Schroeder en el Distrito Medio de Carolina del Norte, respalda una disposición de la legislación SB 747.
La ley estatal permite que las autoridades comiencen el proceso de eliminar a los votantes registrados cuando la correspondencia enviada a su dirección vuelve como “no entregable”.
Una semana tras ser aprobada, las organizaciones Democracy NC, la NC Black Alliance y la Liga de Mujeres Votantes estatal impugnaron la medida.
El juez concluyó que el Estado tiene un interés legítimo en mantener listas de votantes precisas y actualizadas. Asimismo, la ley no infringe la Ley Nacional de Registro de Votantes (VRA, por sus siglas en inglés) ni otros derechos federales.
“Una legislatura tiene derecho a tomar ese tipo de decisiones políticas y no está impedida de mejorar su sistema electoral por su incapacidad para perfeccionarlo”, escribió Schroeder. “Tampoco los cambios electorales deberían convertirse en un mecanismo irreversible, imposible de modificar, simplemente porque algunos votantes puedan verse afectados”.
Antes, la Junta Estatal de Elecciones enviaba dos solicitudes de verificación antes de cancelar un registro o anular una boleta anulada.
ID para votar
En un caso separado, la jueza federal Loretta C. Biggs confirmó la ley SB 824 de identificación de votantes de Carolina del Norte, aprobada en 2018.
Los demandantes, encabezados por la NAACP, alegaban que la medida discrimina a votantes afroamericanos, latinos y de bajos ingresos.
La corte determinó que decisiones recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos han dificultado la impugnación de este tipo de restricciones bajo la Ley de Derechos Electorales.
“El derecho establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, en relación con los temas presentados en el presente caso, ha experimentado —y sigue experimentando— cambios drásticos”, escribió el tribunal. “En consecuencia, este Tribunal concluye que se ve obligado, por la jurisprudencia aplicable, a emitir un fallo a favor de los demandados”.
Tras ese fallo, el líder del Senado estatal, Phil Berger, celebró la decisión.
“Finalmente. Después de siete años, podemos disipar cualquier duda sobre que la ley de identificación de votantes de nuestro estado es constitucional. Esta es una victoria monumental para los ciudadanos de Carolina del Norte y los esfuerzos por la integridad electoral”, lee el comunicado de Berger.
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Posible apelación
Los críticos advierten que ambas prácticas podrían afectar de manera desproporcionada a votantes de bajos ingresos, a personas que se mudan con frecuencia y a comunidades minoritarias.
También señalan que factores fuera del control del elector, como errores del servicio postal, podrían resultar en su eliminación de las listas.
“Esta decisión es profundamente decepcionante e ignora las barreras reales y documentadas que las leyes de identificación de votantes crean para las personas negras, latinas, mayores y de bajos ingresos”, dijo la presidenta de la NAACP en Carolina del Norte, Deborah Dicks Maxwell.
“La Conferencia Estatal de la NAACP en Carolina del Norte sigue comprometida con la protección del derecho fundamental al voto y continuará explorando todas las vías legales y cívicas para garantizar un acceso justo a las urnas”, añadió.
Apelar la decisión ante una instancia superior podría llevar el caso eventualmente hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
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