Carolina del Norte, Raleigh- El actual fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, busca ser reelegido en su cargo y, en el contexto de su campaña electoral, dialogó con miembros de la comunidad latina acerca de los temas que más los afectan.
La conversación pública formó parte de una serie de encuentros no partidistas organizados por Enlace Latino NC y El centro hispano con la finalidad de que los miembros de la comunidad conozcan a los candidatos a los puestos más relevantes a nivel estatal.
En este caso, Stein dialogó con Eliazar Posada, director de Participación Comunitaria y Abogacía de El Centro Hispano, y Walter Gómez, Cofundador y editor gerente de Enlace Latino NC, acerca del rol del fiscal general y el impacto de su cargo en la vida cotidiana de la población hispana.
Protegiendo a la gente
“He servido durante los últimos cuatro años protegiendo a la gente de Carolina del Norte de muchas formas; manteniéndolos a salvo y cuidando la seguridad pública, preservando a los consumidores de posibles fraudes, resguardando el ambiente; impidiendo la trata de personas y logrando que nuestro sistema de medicaid sea transparente para que la gente pueda recibir el cuidado médico que se merece”. Fue lo que explicó Stein para ejemplificar algunas de las tareas que lleva a cabo día a día en su rol como fiscal general.
En rigor, el fiscal general es el abogado principal del estado. Se encarga de proporcionar opiniones legales cuando lo solicita la legislatura, el gobernador o los funcionarios estatales. También puede entablar acciones legales, ya sean estatales o federales; en nombre agencias del estado o de ciudadanos.
Por ese motivo, muchos de los asuntos que el fiscal Stein ha abordado durante los últimos años afectan de manera directa a la comunidad latina. El programa DACA es uno de los ejemplos más concretos.
Roxana Picazo, receptora del DACA, tuvo la oportunidad de preguntarle directamente al fiscal general acerca de su postura con respecto a la continuidad del programa que preserva a las personas indocumentadas que llegaron a los Estados Unidos durante su infancia.
DACA es vital
“DACA es un programa vital”, contestó Stein. “Estoy muy agradecido de que la administración de Obama protegió a 800,000 personas, de las cuales 27,000 eran de Carolina del Norte. Como ustedes saben, los beneficiarios de DACA son personas que vinieron a este país muy jovencitas. Creo que el porcentaje promedio era de 5 años de edad. Ninguno tomó esta decisión. Fue decisiones que tomaron sus padres. En el proceso fueron educados en las escuelas, muy a menudo el inglés es su primer idioma. Lo que DACA les permitió es no ser deportados; siempre y cuando se siguieran educando o trabajando. Eso es lo que queremos; gente que invierta en sí misma para hacer que este país crezca. Y es difícil hacer eso si usted teme que algún día lo vayan a deportar. La administración de Trump intentó acabar con este programa y por eso lo demandamos, fuimos hasta la Corte Suprema, ganamos y por eso se mantuvo el programa”.
Por ese motivo, el fiscal general hizo referencia a la importancia de participar del proceso electoral: “Esto también habla de la relevancia de las elecciones, porque si Biden gana va a trabajar con el Congreso para que el DACA sea una ley permanente que permita un camino hacia la ciudadanía. Queremos que los beneficiarios de DACA puedan continuar viviendo una vida sin temores”.
Protección de los trabajadores esenciales
A medida que la pandemia de Covid-19 avanza en Carolina del Norte, los trabajadores esenciales son el grupo más expuesto a los contagios. Empleados de empresas agropecuarias o de plantas procesadoras de carne, muchos de ellos latinos, han continuado desarrollando sus tareas. En numerosos casos precarizados por los empresarios y olvidados por el estado, muchos trabajadores esenciales se han enfermado e incluso han muerto a causa de su exposición a esta enfermedad.
“Los trabajadores esenciales son vitales porque mantienen a nuestro país funcionando en medio de esta pandemia”, afirmó Stein. “Entonces si les exigimos que trabajen deberíamos hacer todo lo posible para que estén seguros mientras proporcionan sus servicios”.
Sin embargo, consultado por Walter Gómez acerca del trabajo de su oficina en materia de protección de los trabajadores esenciales, Stein aseguró: “La autoridad bajo la ley estatal para resguardar a los trabajadores es el Departamento de Trabajo, que tiene las facultades para hacer cumplir las leyes. Además, en casos de emergencia, la ley da la facultad al gobernador de firmar órdenes ejecutivas para proteger a las personas”.
Contratistas se aprovechan
Pero el Covid-19 no es lo único que daña a los trabajadores latinos de Carolina del Norte. Muchas personas indocumentadas han denunciado que los contratistas se aprovechan de su condición y no les pagan lo que corresponde al finalizar el contrato, bajo amenaza de denunciarlos por su estatus migratorio.
En ese sentido, si bien Stein informó que su oficina cuenta con personal hispanohablante para recibir denuncias, aseguró que estas cuestiones deben ser puestas en consideración del Departamento de Trabajo.
“En estos casos cuando un empleador no paga a un trabajador, es el Departamento de Trabajo quien tiene la autoridad para hacer cumplir la ley. Si usted cree que el comisionado de Trabajo no está haciendo su labor como corresponde, entonces contraten otro. Jessica Holmes, –la candidata a ese puesto por el partido Demócrata– es una abogada dinámica, que ha trabajado con docentes en el pasado. Mi recomendación número uno es que tomen su poder político para asegurarse que las personas que están a cargo hagan cumplir la ley”.
Racismo sistémico
Otro de los puntos claves abordados en la conversación pública fue el racismo sistémico del sistema penal en los Estados Unidos.
A ese respecto, el fiscal Stein se mostró satisfecho por la creación de un equipo de trabajo especialmente conformado para abordar esta temática, del cual él forma parte: “El gobernador no quiere que hagamos un informe para guardar en un escritorio, quiere que realmente cumplamos con nuestra misión y que encontremos soluciones concretas”.
El asesinado de George Floyd a manos de un oficial en Minnesota, según Stein, “echó luz” para que todos los Estados Unidos vieran los problemas que existen en el sistema de justicia criminal.
“La gente de color no necesitaba oír que no están siendo tratados con igualdad en nuestro sistema, pero mucha gente blanca sí”.
Supresión de votantes
Tratándose de un año electoral, la participación en los comicios fue otro de los grandes temas abordados en la conversación pública con el fiscal general Josh Stein.
En ese sentido, la activista Elena Ceberio se refirió a las más de 7,000 boletas de voto en ausencia que han quedado un “limbo” debido a que no han podido ser corregidas, a pesar del acuerdo de la Junta Electoral.
“¿Cómo protegerá esta elección y las que se avecinan de organizaciones como el Grupo de Trabajo de Seguridad de Votaciones Nacionales, los matones que intimidan votantes? ¿Será esto una repetición de Nueva Jersey en 1981 con intimidación de votantes y enjaulamiento de votos?”, preguntó Ceberio.
“Los derechos fundamentales de nuestra nación dependen del derecho al voto. El derecho al voto es el derecho que impacta en todos los demás derechos. Por eso es imperativo que dentro de una democracia todos los votantes puedan participar del proceso electoral con seguridad. Si alguien tiene temor de su seguridad o recibe algún tipo de intimidación para votar, debe llamar al 911 inmediatamente”, sostuvo Stein.
El fiscal general subrayó además que las únicas personas con la facultad de controlar la votación son los observadores elegibles, quienes deben estar registrados debidamente y haber recibido una capacitación. Por ese motivo, nadie que no esté señalado por la ley tiene derecho a acercarse a las urnas y observar a los votantes.
Trata de personas
La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral es otro de los delitos que la oficina del fiscal general se debe ocupar de controlar. Sin embargo, Carolina del Norte es uno de los diez estados con más casos de trata de personas.
Consultado por Mariela Benavides, otra de las participantes de la conversación, Stein afirmó que “el tráfico de personas es una manera moderna de la esclavitud y es difícil distinguirlo porque es un delito que se lleva a cabo en las sombras”.
El fiscal general destacó la creación de una comisión destinada a prevenir este delito: “En todas las ciudades hay carteles con números telefónicos para que la gente pueda llamar y denunciar la trata. Francamente me gustaría recibir muchas más llamadas a esa línea, porque cuantas más víctimas llamen más podremos salvar. Es un crimen difícil pero necesitamos que la gente llame para sacarlo de las sombras trabajando con las agencias de orden público y los servicios sociales”.
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