Votar en Carolina del Norte podría volverse más difícil si se aprueban ciertos proyectos de ley actualmente en discusión en la Asamblea General estatal.
Así lo advirtió Ann Webb, directora de políticas de Common Cause North Carolina, quien señaló durante una rueda de prensa que varias propuestas podrían restringir el acceso al voto y cambiar la forma en que se desarrollan las elecciones en el estado.
A continuación, un resumen de los cambios más relevantes que afectarían directamente a los electores.
Cambios propuestos que dificultaría votar en Carolina del Norte:
Menos tiempo para la votación anticipada
Una de las propuestas más avanzadas reduciría los días de votación anticipada.
Esta modalidad de votación ha ganado popularidad en los últimos años entre votantes de todos los partidos.
De aprobarse la medida, los electores tendrían menos días para acudir a las urnas antes del día oficial de la elección, lo que podría generar largas filas y menor participación.
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Campañas de registro bajo amenaza
Otro proyecto de ley establece sanciones penales para quienes organicen campañas de registro de votantes utilizando el formulario oficial actual, en lugar de un nuevo modelo propuesto por la legislatura.
De aprobarse, esta iniciativa convertiría en delito menor un acto que ha sido fundamental para inscribir votantes en comunidades de difícil acceso.
“Sería una de las restricciones más severas en el país”, advirtió Webb.
Cambios aprobados:
Plazos más cortos para corregir errores en boletas
El proyecto de ley del Senado 382, ya aprobado, incluye cambios técnicos que afectan directamente el procesamiento de votos.
Por ejemplo, reduce de diez a dos días y medio el plazo para que los votantes corrijan errores en sus boletas provisionales, como una firma faltante o un número de identificación erróneo.
“Actualmente, el período para completar estos procesos es de diez días, pero esta ley lo reduce a dos días y medio”, dijo Webb.
Las juntas electorales del condado han alertado que ese cambio puede llevar a que votos válidos no se cuenten.
Webb explicó que desde la Cámara de Representantes se ha propuesto una versión que suaviza ligeramente esos plazos, para hacerlos menos problemáticos para las juntas electorales de los condados. “Pero hasta ahora, ese proyecto no ha avanzado, así que estaremos atentos para ver si las disposiciones más extremas del Senado se mantienen o se modifican”, añadió.
Cambios la Junta Estatal de Elecciones
Esa misma ley, SB 382, se transfirió el poder para nombrar a los integrantes de la Junta Estatal de Elecciones del gobernador al auditor estatal, actualmente un republicano. Carolina del Norte es el único estado con esta estructura.
Además, se designó como nuevo director electoral a Sam Hayes, exconsejero general de los dos últimos presidentes de la Cámara de Representantes. Esto, según Webb, anticipa que cualquier legislación electoral integral tendrá una relación estrecha con esta nueva dirección.
Según Webb, el presupuesto propuesto incluye entre seis y siete nuevos puestos políticos que permitirían al nuevo director contratar personal clave.
“Me sorprendería mucho que esos puestos no se incluyeran en el informe final de conciliación”, afirmó.
Demanda federal
La administración Trump acusó este mes a la junta electoral de Carolina del Norte de violar la ley federal al no garantizar que los registros de inscripción de algunos votantes incluyeran números de identificación.
El departamento acusa al estado y la junta electoral de incumplir la Ley de Ayuda a América para Votar al no exigir un número de licencia o Seguro Social en el registro de votantes.
La demanda exige que la Junta Electoral estatal contacte en un plazo de 30 días a todos los votantes cuyos datos de licencia de conducir o número de seguro social no coincidan.
“El problema no es solo contactar a esos votantes, sino el tiempo para que puedan responder”, explicó Webb. “Es muy preocupante que el resultado de no responder a tiempo pueda ser la eliminación del padrón electoral”.
Advirtió que muchos de los votantes afectados proporcionaron su número de identificación, pero por errores administrativos o discrepancias menores, como guiones en nombres o cambios de apellido, sus datos no coincidieron en las bases federales.
“No queremos que esos votantes queden atrapados en una laguna legal y sean eliminados sin haber hecho nada mal”, dijo.
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¿Qué sigue?
Aunque la mayoría de los plazos legislativos ya se cerraron, con el fin del Crossover, las leyes electorales están exentas de este limite.
“Tradicionalmente, vemos un proyecto de ley integral sobre elecciones en verano o principios de otoño”, explicó Webb.
Por ello, organizaciones cívicas y funcionarios electorales permanecen atentos a cualquier movimiento legislativo que puedan afectar las próximas elecciones.
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