Mucho antes de que agentes federales de inmigración realizaran operativos masivos en distintas ciudades del estado en noviembre, la comunidad inmigrante latina en Carolina del Norte ya vivía bajo un clima de miedo persistente.
Ese temor, según una encuesta comunitaria realizada por la organización El Pueblo, se traducía en aislamiento, renuncia a actividades básicas y una creciente vulnerabilidad social.
El estudio fue realizado entre el 9 de agosto y el 12 de octubre. Documenta cómo las políticas antiinmigrantes a nivel estatal y federal ya estaban afectando la vida diaria de las familias. Esto ocurría incluso antes de la llegada visible de la Patrulla Fronteriza (también conocida como CBP) y agentes de ICE a las calles.

Los datos muestran que el miedo no fue una reacción puntual, sino una condición previa que la comunidad latina ya experimentaba.
Entre los hallazgos más destacados, el 71% de las personas encuestadas dijo sentirse más preocupada que el año anterior.
Las principales razones fueron el temor a la separación familiar, la presencia de agentes de inmigración en los vecindarios y el riesgo de ser detenido o deportado.
Todas esas respuestas fueron recogidas antes de los operativos federales de noviembre. Esto indica que el miedo ya formaba parte del día a día de la comunidad inmigrante latina en el estado.
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Aislarse como forma de protección
Uno de los patrones más claros que muestra la encuesta es el cambio de hábitos como respuesta al miedo. Casi cuatro de cada diez personas dijeron haber dejado de hacer paseos familiares. Un 27% evitó asistir a eventos comunitarios, como reuniones o festivales locales.
Pero el dato más preocupante aparece en otras respuestas. El 23% evitó pedir ayuda y el 20% dejó de denunciar abusos por temor a consecuencias migratorias. Ese retraimiento profundiza la vulnerabilidad de una población que ya enfrenta barreras estructurales.
“Ese miedo generalizado y esa tendencia a autoaislarse parecen ser sólo la punta del iceberg de las graves consecuencias de políticas antiinmigrantes y la inhumana campaña de deportaciones masivas que enfrenta nuestra comunidad”
dijo Karina Neyra, directora de Inversión Comunitaria de el pueblo
Sin información sobre derechos básicos
La encuesta también revela un acceso limitado a información básica sobre derechos. Solo una cuarta parte de las personas consultadas dijo conocer bien qué hacer en caso de una detención por parte de la policía o de agentes de inmigración. En contraste, el 43% afirmó saber muy poco y un 21% dijo no saber nada.
En ese contexto, no sorprende que las respuestas más frecuentes a la pregunta sobre qué les haría sentirse más seguras fueran “tener información clara sobre mis derechos” (54%) y “acceso a apoyo legal” (50%). La falta de información, combinada con el miedo, contribuye a que muchas familias eviten interactuar con instituciones o buscar ayuda cuando la necesitan.

Sin embargo, las necesidades inmediatas van más allá de lo legal. El 39% de las personas encuestadas señaló necesitar servicios de salud, el 30% ayuda para conseguir trabajo y el 24% asistencia alimentaria.
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Rechazo a la colaboración con ICE
El estudio muestra también una postura clara frente a las autoridades locales y estatales. El 66% de las personas encuestadas dijo que su principal pedido a funcionarios electos es que no colaboren con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Además, un 55% reclamó más programas de ayuda para inmigrantes y un 41% pidió más servicios en español.
Para Helen, organizadora de política de El Pueblo, los datos reflejan una marginalización creciente. “Muestran cómo nuestra comunidad está siendo cada vez más vulnerable a consecuencia de las políticas antiinmigrantes”, señaló.
“No solo evitan pedir ayuda y denunciar abusos por temor, sino que tampoco tienen acceso a prácticamente ningún beneficio, mientras sus desafíos van en aumento”.
Un miedo que antecede a los operativos
El relevamiento fue realizado antes de que agentes federales iniciaran operativos de inmigración en Carolina del Norte a partir del 15 de noviembre.
Pero la encuesta documenta un miedo preexistente. Según El Pueblo, los arrestos y la mayor presencia de agencias federales solo profundizaron una situación que ya afectaba la salud mental, la participación comunitaria y el bienestar de las familias latinas.

La encuesta forma parte del trabajo de la iniciativa “Familias Seguras”, una guía de emergencia que El Pueblo lanzó a comienzos de año y de la que ya distribuyó cerca de 10.000 copias impresas en todo el estado.
El objetivo, señalan desde la organización, es responder a una realidad en la que el miedo no es excepcional, sino cotidiano, y en la que muchas familias viven tomando decisiones para pasar desapercibidas.
Sobre la encuesta
La encuesta comunitaria “Familias Seguras” fue realizada por la organización El Pueblo entre el 9 de agosto y el 12 de octubre de 2025. Participaron 1.091 personas latinas inmigrantes, principalmente residentes del condado de Wake.
El relevamiento se llevó a cabo de forma presencial y en línea, en español, y no recopiló información personal identificable ni estatus migratorio.
La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres adultas, hablantes de español, originarias de México y Centroamérica, lo que ayuda a contextualizar el impacto del miedo en comunidades con barreras lingüísticas y de acceso a recursos.
>>> Encuesta comunitaria “Familias Seguras”



