Esta es la segunda entrega de un artículo de dos partes sobre el peligro de contaminación que supone una antigua fábrica de misiles en Burlington para una comunidad predominantemente negra y latina.
El artículo y los documentos originales se pueden leer en formato pdf.
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Carolina del Norte, Raleigh- Dentro del Edificio 1A de la antigua planta de misiles Tarheel del Ejército, una tubería de metal descansa sobre una mesa entre vidrios rotos. Muchas de las ventanas están rotas, por lo que con solo dar un paso a través del umbral, las 9 hectáreas quedan abiertas a los practicantes del monopatín, los jugadores de paintball e incluso algunas personas que se quedan a vivir.
Esta era la situación a principios de mayo. Desde fuera, muy poco había cambiado desde el noviembre pasado, cuando según los expedientes del estado los funcionarios del municipio, el estado y el ejército, así como David Tsui, el propietario actual, visitaron la planta para iniciar la siguiente fase de la limpieza.
Techos hundidos y tejados derruidos. Barriles de 55 galones volcados y sin marcar, uno de ellos con la leyenda suelo sospechoso. Hoyos profundos y sumideros abiertos que desembocan en el alcantarillado de la ciudad. Según los expedientes del estado, casi todos los edificios, dos docenas en total, están en estado ruinoso.
Hace más de 25 años, el municipio y el ejército esperaban que si se vendía la propiedad a un particular, podría completarse la limpieza y rehabilitar el terreno más rápidamente. Los funcionarios pensaban que la colaboración entre intereses públicos y privados devolvería a la planta su utilidad en beneficio del barrio y el resto de la ciudad.
Esta expectativa no se ha hecho realidad.
Más de 15,000 páginas de documentos oficiales y docenas de entrevistas revelan una historia exasperante de fracasos e injusticia medioambiental. Desde mediados de la década de los noventa, el Ejército ha invertido 2 millones de dólares en la limpieza de las instalaciones, pero aún queda una cantidad incalculable de contaminantes, tanto en sus alrededores como en el vecindario.
La búsqueda de una solución permanente se ha visto impedida por la falta de fondos, la burocracia, disputas con contratistas, sistemas de tratamiento ineficaces y falta de atención.
Los costos medioambientales los ha soportado un barrio mayormente negro y latino en East Burlington. La planta linda por detrás con seis dúplex y dos viviendas unifamiliares. Otra media docena de apartamentos dúplex miran hacia la fábrica. Seis hogares como mínimo están situados por donde pasan aguas subterráneas contaminadas.
Debido a que este es mayormente un vecindario de inquilinos, muy pocos, por no decir ninguno, de los residentes son conscientes del peligro que representa la planta. Hasta hace tres años, cuando el ayuntamiento celebró una asamblea comunitaria para tratar el futuro económico de la planta, no había indicios de que los dirigentes del ejército, el estado o la ciudad hubieran informado al público sobre el peligro que suponen los compuestos químicos que han penetrado el suelo por debajo de muchas de las casas de esta comunidad.
«Mediante este proceso [la asamblea comunitaria], se puso de relieve el alcance y la gravedad de la contaminación medioambiental» — declaró a Policy Watch Peter Bishop, director de Desarrollo económico del ayuntamiento—. «Hasta entonces la ciudad no formaba parte del equipo. Nuestra participación era solo oficiosa».
En principio, no es obligatorio pedir la participación del público. A mediados de los noventa, el Ejército suplicó a la EPA que no incluyera a la planta en la Lista Nacional de Prioridades. Esta lista, también conocida como Superfund, contiene algunos de los lugares más contaminados de los Estados Unidos.
Aunque se incluya una propiedad en la lista del Superfund, la limpieza aún puede llevar décadas. Pero una de las ventajas de la lista es que requiere la participación del público y se nombra a una persona de la EPA como enlace comunitario. En la biblioteca pública se guarda una extensa documentación sobre el sitio, sus peligros y las limpiezas propuestas. Existe un requisito de celebrar asambleas públicas. Las comunidades pueden solicitar subsidios de asistencia técnica para ayudarles a entender las bases científicas.
Si la planta hubiera entrado al programa Superfund, se hubiera informado a la comunidad y se le podría haber escuchado.
Sandra George O’Neil, secretaria del departamento de Justicia penal de Curry College en Massachusetts, ha estudiado sitios del Superfund y comunidades de color de ingresos bajos. Sus investigaciones revelaron que las comunidades marginadas están infrarrepresentadas en el programa Superfund. Estas zonas pueden no estar beneficiándose equitativamente de las limpiezas medioambientales.
«Conseguir que se incluya un sitio en el Superfund, no es una panacea, pero ayuda a atraer la atención de la EPA» —explicó O’Neil a Policy Watch—. «Es importante».
Un estudio que la EPA encargó en 2005 citaba el empoderamiento como parte de los beneficios de que un sitio estuviera en el Superfund. Los residentes de las comunidades circundantes podrían responsabilizar a las organizaciones relevantes.
Para que exista la posibilidad de inclusión en el programa, el sitio debe obtener una calificación superior a 28.5, que tiene en cuenta varios factores, incluyendo la posibilidad de que los contaminantes puedan fugarse del sitio, la toxicidad y la cantidad de desperdicios, y las personas y ecosistemas que podrían verse perjudicados por una fuga.
Cathy Kropp, especialista en asuntos públicos del Mando Medioambiental del Ejército de Estados Unidos en Fort Sam Houston, en Texas, no podía facilitar la calificación ni la metodología y dirigió la pregunta a la EPA. Un empleado de la EPA de la Oficina de Libertad de Información explicó que la calificación estaba disponible, pero estaba archivada. Los archivos están cerrados debido a la pandemia.
La portavoz del Departamento de Calidad Medioambiental de Carolina del Norte afirmó que la agencia no tenía la calificación. Los funcionarios de Burlington dicen que nunca la recibieron.
Kropp explicó a Policy Watch por correo electrónico que el Ejército se opuso a que se incluyera la propiedad en el Superfund en los años noventa porque todavía no se había reunido suficiente información sobre el sitio.
No obstante, parece que los responsables del Ejército estaban convencidos de que no suponía ningún peligro. Basándose en una investigación financiada por el mismo Ejército, sus funcionarios llegaron a la conclusión de que la calificación de la propiedad en el sistema de rango de peligros no era lo suficientemente alta como para que se incluyera en el Superfund. «Esta solicitud [ser excluido del Superfund] se basa en muestras preliminares, que no revelan contaminación grave en el sitio…», dice una carta del Ejercito a la EPA de julio de 1993.
A las autoridades militares les preocupaba que si el sitio entraba en el programa Superfund, sería difícil urbanizarlo, una opinión compartida por muchas personas en ese momento. «Retrasaría el proceso y solo serviría para confirmar lo que es ya evidente: que la contaminación en la planta es mínima…» — escribió el Ejército.
Varios cargos electos también mostraron preocupación por las consecuencias económicas de la contaminación. Se ha constatado que en los años noventa, funcionarios electos —entre ellos el representante del estado, Fred Bowman, demócrata de East Burlington, y el senador Jesse Helms, republicano— ejercieron presión política sobre las autoridades de control estatales y federales para que permitieran que la propiedad se urbanizara a pesar de los peligros.
El entonces alcalde de Burlington, Joe Barbour, declaró en el Times-News en 1995 que esperaba que el Congreso republicano «eliminara algunas de las regulaciones que mantenían la propiedad en el limbo. El problema es que los contaminantes seguirán ahí cuando el arcángel Gabriel haga sonar su trompeta. Este es el mismo suelo sobre el que miles de personas han trabajado sin efectos nocivos».
Los expedientes estatales también demuestran que había opiniones contrarias dentro del DEQ —que entonces se llamada Departamento de Salud Medioambiental y Recursos Naturales— sobre si recomendar el sitio para el programa Superfund.
La subsecretaria Linda Rimer escribió a la EPA en 1993 diciendo que el estado estaba mejor capacitado para dirigir las tareas de limpieza que el gobierno federal. Citó la relación de trabajo existente entre la agencia y los propietarios del sitio y la experiencia y conocimientos técnicos de la agencia sobre la geología y otras condiciones del sitio.
En los márgenes de la carta alguien había escrito un comentario poniéndolo en duda.
Más tarde, la Sra. Rimer trabajó para la EPA y ahora está jubilada. No fue posible entrevistarla.
En última instancia la EPA cedió a los deseos del Ejército y el estado y la propiedad no entró al programa Superfund. El Ejército evitó la supervisión directa de la EPA para la limpieza y desde entonces solo ha sido responsable ante los reguladores estatales.
Más tarde parece que el estado se arrepintió de la decisión. Las minutas del Departamento en 1999 dicen lo siguiente: «¿Cómo podemos retirarnos del rol líder y ponernos en segundo plano detrás del Superfund?».
Bajo los aleros del Edificio 22, alguien ama a Jason. Alguien firmó el nombre «Manny» en una pared del Edificio 1A.
El grafiti adorna varias plantas de las dos docenas de edificios como prueba del paso de la gente por este lugar. Pero la planta también parece haber servido de hogar: camas de cartón, lonas y palés de madera que han sido utilizados como leña para dar calor y luz.
Las fotos que hicieron los funcionarios de sanidad en 2016 muestran que alguien había construido una casita con palés de madera y había colgado un cartel que decía «Camp Awesome».
Este uso de la planta por parte de personas indigentes, en este caso sin autorización, preocupaba a los reguladores hace 25 años.
A mediados de los noventa el Departamento de Defensa convenció al Congreso de que le permitiera vender propiedades contaminadas siempre que el Departamento siguiera siendo responsable de la limpieza. En Burlington, el Ejército se comprometió a limpiar la contaminación subterránea, mientras que los propietarios se encargarían de corregir los peligros en la superficie, como por ejemplo en los edificios.
Libre ahora para desembarazarse de la planta, el gobierno federal propuso en un inicio que se destinara a albergue para personas en peligro de quedarse sin hogar, lo que hubiera puesto en peligro a cientos de personas.
Documentos demuestran que el Departamento de la Vivienda y el Desarrollo Urbanístico de Estados Unidos reconoció la presencia de contaminantes peligrosos pero a pesar de ello designó el sitio como «idóneo» para su uso como albergue.
Por el contrario, la autoridad reguladora del medio ambiente del estado pensaba que los riesgos para la salud pública son demasiado numerosos: «…no creemos que la propiedad sea compatible con el uso como vivienda para personas que se verían expuestas a la inhalación de fibras de asbestos o la exposición al plomo».
El estado prevaleció y la planta no se convirtió en albergue para personas sin hogar.
Una vez se abandonó este plan, el Ejército inició lentamente la limpieza, pero sin progresar mucho. Parecía que en cualquier sitio que los investigadores empezaran a excavar, analizar o medir encontraban materiales peligrosos.
En un principio el objetivo del Ejército era terminar las tareas de limpieza en un año, después en cinco años y finalmente en 10. Al cabo de 25 años, dejaron de pronosticar.
«Nadie ha estado presionando al Ejército para que continuara con la ‘limpieza’ —declaró a Policy Watch el alcalde de Burlington Ian Baltutis—. «Hasta los últimos cinco años, los esfuerzos se limitaban a monitorizar los pozos de vez en cuando».
Pero incluso en manos privadas la planta sigue decayendo. Estuvo abandonada hasta 2004, cuando el gobierno federal la vendió finalmente por $1.5 millones a Hopedale Investment, propiedad de una pareja que ganó una fortuna con Amway.
Un fabricante de discos compactos con sede en Burlington utilizó dos de los edificios como almacén. Hopedale también dio permiso a una organización de cuidados paliativos para que pusiera un mercadillo.
Casi una década después, Hopedale vendió la propiedad por solo $755,000, la mitad de lo que pagaron por ella, a Saucier Inc. de Alabama, cuyos inversores incluían el conductor de NASCAR, Donnie Neuenberger.
El plan de Saucier era extraer metales valiosos de la planta y derruirla para urbanizarla, según revelan los medios de comunicación de la época. La empresa extrajo los metales como tenía previsto, en cantidades suficientes para recuperar su inversión, pero por lo demás dejó que la propiedad se desintegrara.
No nos ha sido posible entrevistar a Neuenberger.
Aunque Saucier conocía los peligros medioambientales —las restricciones sobre el terreno aparecen en la escritura— en octubre de 2015, la empresa instaló una casa encantada abierta al público en Halloween, «con gente entrando en muchos de los edificios a pesar de las condiciones peligrosas», según escribió la División de Salud Pública. «Es un riesgo urgente para la salud pública».
La correspondencia entre el estado y Saucier detalla el grado de deterioro:
El tejado de los edificios 1, 2, 3 y 4 se está hundiendo bajo el peso de las unidades de aire acondicionado. Los paneles del techo se están deteriorando. Las lámparas se han empezado a caer del techo. Las paredes interiores del edificio 4 han empezado a derrumbarse. El edificio 16 contiene postes metálicos afilados colgando del techo. Existe la posibilidad de que haya asbestos.
«Hay vidrios rotos, madera astillada, ladrillos sueltos, grandes barriles vacíos, escombros, no hay electricidad y no hay luz natural dentro de los edificios. Hay un agujero de gran tamaño en la esquina noroeste del Edificio 22 y los vecinos dicen que han entrado intrusos».
Los inversores de Saucier estaban cada vez más desencantados con la planta y la abrumadora perspectiva de urbanizarla. No obstante, Neuenberger «sentía una afinidad por la propiedad», dijo a Policy Watch Hardin Watkins, el gestor municipal. «Parecía ser un propietario paciente. Quería invertir más en el edificio. Me dijo que no quería que la propiedad se deteriorara porque es demasiado importante para la comunidad».
Si conduce en dirección oeste en Burlington por Church Street al atardecer, sus ojos verán una plataforma de cemento —el antiguo estacionamiento de la planta— y se detendrán en el horizonte. La torre de radar y un tanque de agua antiguo marcan la silueta de la ciudad.
«Western Electric —el nombre con el que se refieren a la planta en la ciudad— es cautivador. Sus espacios son hermosos, evocadores y poéticos» —escribió un equipo de expertos nacionales del Instituto Americano de Arquitectos—. «No debemos subestimar el poder del lugar donde está situada. Este lugar es de hecho uno de los espacios comunes que más vidas afecta en Burlington».
Entre los edificios se abren patios de cemento, en los que a veces un vecino deja suelto a su perro. Vigas de acero se abren paso en el aire por encima de los elegantes hombros de las estructuras Quonset. Las escaleras oxidadas proyectan su sombra aserrada sobre las superficies de ladrillo.
Hace casi cuatro años, la Ciudad de Burlington obtuvo una subvención de $180,000 del Instituto Americano de Arquitectos para la contratación de consultores, muchos de los cuales habían dirigido la reurbanización de antiguas instalaciones militares. Su trabajo sería soñar. Imaginar las 9 hectáreas como un destino para las artes, la gastronomía y la comunidad. Un centro de actividades infantiles. Un parque. Una cervecería. Un museo de la Guerra Fría. Campos de fútbol cubiertos.
El Edificio 16 se iba a llamar «Nike-2» y se convertiría en un laboratorio para la universidad. En las azoteas, con sus amplias vistas de la ciudad, se celebrarían actos especiales.
Muchos residentes de Burlington les dijeron a los consultores que habían puesto una inversión emocional en la planta, según se lee en un informe del estudio. Sus padres y abuelos habían trabajado en Western Electric. Debido al secreto que rodeaba el programa de misiles de la Guerra Fría, una reunión comunitaria en la que se habló sobre el futuro de la planta fue la primera vez que los residentes supieron lo que había ocurrido en el pasado.
Unos meses después de que los consultores terminaran el informe, avivando las esperanzas de los líderes municipales, Tsui adquirió la propiedad.
Al cabo de cinco años, Saucier había visto lo suficiente. Vendió la planta a David Tsui, el propietario de una tienda de calzado ortopédico en Chapel Hill, por $1.75 millones en junio de 2018, según indica el registro de la propiedad del condado.
Tsui no respondió a varios correos electrónicos solicitando una entrevista. En una conversación telefónica con Policy Watch dijo que estaba ocupado pero que nos devolvería la llamada, aunque nunca lo hizo.
No obstante, parece que Tsui se dedica a comprar edificios vacantes y dejarlos desocupados: la vieja fábrica de Kingsdown en el centro de Mebane, un antiguo centro comercial cerca de I-85 en Burlington con tiendas descuidadas y muy pocos inquilinos. Y la antigua planta de misiles que ha seguido deteriorándose desde que es el propietario y que sigue representando un riesgo importante para la salud pública.
Es un lastre para esa parte de la comunidad» —declaró Watkins a Policy Watch.
«Y el lastre se vuelve más pesado con los años» —añadió Bishop, el director de Desarrollo económico de la ciudad.
El Edificio 16 lleva tiempo siendo una plaga para el vecindario de Hilton Road. La lluvia corre desde la estructura de tres pisos e inunda los patios de las casas adyacentes. Proyecta su sombra fría sobre cuatro casas que están a solo 40 pies.
Lo peor, según una de las residentes, es que hay ratas.
Durante un tiempo hace unos años se paseaban por su jardín donde solían jugar sus nietos
Tsui había empleado a contratistas para derribar varias estructuras, aunque sin los permisos necesarios. El derribo no solo tenía el potencial de liberar materiales peligrosos en el aire, sino que había expulsado a las ratas.
«El perro las mató» —dijo apartando las manos hasta casi un pie de largo.
En 2018, los funcionarios de Burlington emitieron una orden de interrupción de obra para impedir la demolición hasta que Tsui no recibiera los permisos necesarios del estado y la ciudad. Desde entonces no se ha derribado ningún edificio.
Unos meses después, en su recorrido por la propiedad para calcular la magnitud de la posible limpieza, los contratistas descubrieron docenas de barriles de 55 galones. Las etiquetas indicaban que algunos de ellos habían contenido materiales peligrosos. Otras dos docenas estaban sin marcar y contenían productos desconocidos. Varios se habían volcado y su contenido se desparramaba sobre una plataforma de cemento en tres edificios.
Los investigadores advirtieron a Tsui que la planta representaba ahora un riesgo de incendio porque los líquidos eran inflamables. Los análisis también detectaron niveles astronómicos de docenas de compuestos químicos que causan cáncer.
Cuando los contratistas regresaron en 2019 para llevarse los barriles, le dijeron al Ejército que tenían miedo de entrar a la planta. Decía un mensaje de correo electrónico: «Hemos visto a varias personas, adolescentes y adultos, en la planta desde que empezamos a trabajar esta semana y nos preocupa la seguridad de nuestro personal».
Kirsten Hiortdahl, una ingeniera del medio ambiente que trabaja para la sección Superfund del DEQ, advirtió a Tsui, la Ciudad de Burlington, los contratistas y el Ejército de que «la falta de vigilancia en el sitio es un riesgo para la seguridad y un peligro de incendio y que la extensión del vandalismo es importante».
En respuesta, Tsui prometió que instalaría cámaras e iluminación para disuadir a los intrusos. «Esperamos empezar la semana que viene». Escribió Tsui el 7 de febrero de 2019. «Con suerte, esto les disuadirá de entrar».
Mientras tanto, Tsui ha presentado una solicitud al DEQ con la esperanza de entrar en el programa Brownfields. Este popular programa estatal absuelve de responsabilidad a los propietarios y a los futuros compradores de propiedad contaminada. La condición es que cumplan con las normas de limpieza del uso al que esté destinada. Por ejemplo, los usos industriales tienen normas de saneamiento menos estrictas que los residenciales.
Con el respaldo de un acuerdo de Brownfields, a los propietarios les es más fácil conseguir un préstamo para urbanizar la propiedad. El programa también permite una reducción temporal, aunque significativa, de los impuestos que puede servir para reducir una gran parte de los costos de la limpieza.
La inclusión en el programa Brownfields era fundamental para la rehabilitación de la planta de Burlington; en Charlotte, un promotor aprovechó las ventajas que da el programa para transformar una antigua planta de misiles en una dinámica zona comercial con restaurantes, oficinas y estudios de arte y diseño.
En agosto de 2020, el DEQ escribió una carta a Tsui sobre su solicitud. El estado detallaba cómo sus actos —demoliciones sin permisos, fugas en los barriles de residuos y vandalismo— despertaban dudas sobre su dedicación a una limpieza responsable.
El DEQ también expresaba su escepticismo debido al pasado delictivo de Tsui.
En 2008, se declaró culpable ante un tribunal federal de cinco delitos de fraude del programa Medicare en relación con su negocio de calzado ortopédico. Los expedientes federales muestran que se le sentenció a tres meses de cárcel, tres años de libertad condicional y a más de $781,000 en multas e indemnizaciones.
Igualmente, en 2019, Tsui pagó alrededor de $414,000 en sanciones civiles e indemnizaciones en relación con un caso de soborno con una farmacia en Oklahoma.
«Estos hechos … hacen que a DEQ le sea difícil considerar la posibilidad de un acuerdo con usted», escribió el DEQ.
La solicitud de Tsui fue rechazada.
Tsui planea alquilar los dos edificios como almacenes, según indican los expedientes estatales, y quizás otro edificio como espacio para oficinas. Las probabilidades de que esto ocurra son inciertas. Pero dado que Tsui no es elegible para recibir subsidios de Brownfields, es poco probable de que vaya a haber campos de fútbol, museos ni cervecerías, por lo menos mientras él siga siendo el dueño.
El alcalde Baltutis declaró a Policy Watch que aunque la ciudad no tiene jurisdicción sobre la limpieza, puede comunicar su visión al sector privado y lo que quiere facilitar.
Pero reconoció que el actual propietario presenta algunas dificultades.
Esta primavera, el Mando Medioambiental del Ejército de Estados Unidos presentó una versión más de la evaluación medioambiental. Esa versión calculaba la extensión de la contaminación en la planta y debajo del barrio. En estos momentos la está examinando el estado.
Si el estado aprueba la evaluación del Ejército, la siguiente fase sería un estudio de viabilidad. Finalmente se emprendería el saneamiento final de la planta. En otras palabras, podría pasar una década hasta que se abordara el problema de la contaminación debajo del edificio.
En Hilton Road, la glicinia primaveral ha comenzado a invernar. Arbustos de frambuesas se asoman por la alambrada de la planta, cargados de fruta madura que brilla como zafiro púrpura. Alguien cultiva tomates en camas elevadas. «Push It» de Salt-n-Pepa suena a todo volumen del estéreo en el porche de David Spruill. Si no llueve, esa tarde se celebrará una fiesta en el barrio.
Spruill, que lleva 28 años alquilando la mitad de un dúplex, no piensa abandonar el vecindario, a pesar de las inundaciones y los contaminantes que hay justo detrás de su vivienda. Así puede estar cerca de su madre, que tiene 80 años y vive en la misma calle. Puede ir caminando al centro comercial a hacer la compra.
¿Y la planta?
«Tendrían que demoler la planta» —dice.
Otra residente de Hilton Road, cuyo jardín toca la planta por detrás, dice que le preocupan los peligros medioambientales. Pero también le preocupa tener que irse de su casa si los investigadores encuentran contaminantes en su propiedad o debajo de ella.
«No puedo irme» —dice—. «¿Adónde iba a ir?».
En 2019, Tsui le dijo al Ejército que iba a instalar alumbrado y cámaras de vigilancia para disuadir a los intrusos. Finalmente, este mayo pasado, dos años más tarde, las instaló. Ese mismo mes también valló el perímetro.
Para julio, alguien había abierto ya un agujero.
Este artículo ha sido financiado por una subvención de Support for the Environment de Triangle Community Foundation. Traducción al español por CHICLE Language Institute en Chapel Hill.