Agentes del ICE esposando a un inmigrante

LA OPINIÓN

Los Ángeles- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) perdió una batalla legal ante el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito, por lo que ahora cualquier inmigrante indocumentado, sin importar que no tenga récord criminal, podría ser detenido y procesado para su deportación.

Todavía no es una decisión final, pero el DHS no podrá aplicar por ahora la guía anunciada en septiembre del 2021 por el secretario Alejandro Mayorkas.

Gobierno puede apelar

Esto luego de que el juez federal Drew Tipton, de Texas, desechara a política que pedía a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contemplar “todas las condiciones” de un indocumentado antes de su persecución.

El Tribunal de Apelaciones se expresó “perturbado” por la política impulsada por Mayorkas, en respuesta al DHS a su petición de suspender provisionalmente la decisión del juez Tipton, mientras se prepara la apelación.

“El tribunal de Distrito determinó que la regla está en conflicto con los estatutos federales, es arbitraria y caprichosa, y que su promulgación era procesalmente inválida”, dice la negativa del panel de jueces. “Nos inclinamos a estar de acuerdo”.

Las juezas Edith Jones y Edith Brown Clement y el juez Kurt Engelhardt coincidieron en que el DHS no demuestra “probabilidad de éxito” en la apelación, además de citar una decisión previa el Sexto Circuito.

Las prioridades de deportación de Biden se enfocan en expulsar del país a aquellos extranjeros criminales que constituyen una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos

Sin embargo, el panel de jueces deja abierta la puerta al proceso de apelación.

“Se NIEGA la moción de suspensión pendiente de apelación“, dice la opinión. “Distinguimos este caso de una decisión reciente del Sexto Circuito, que autoriza una suspensión pendiente de apelación, basada en un precedente diferente y el beneficio de un expediente de juicio completo”.

Nuevas prioridades en pausa

Las pautas impulsadas por Mayorkas –las cuales entraron en operación en noviembre del 2021– se enfocan en las amenazas a la seguridad pública y nacional, además de ampliar la discreción para que los oficiales de ICE puedan evitar perseguir a un no ciudadano solamente por ser indocumentado.

El argumento central de Mayorkas es que ICE cuenta con recursos limitados, por lo que la guía se enfoca en casos de atención prioritaria, si la persona tiene antecedentes criminales, pero también busca atender la política del presidente Joe Biden sobre un sistema migratorio más humano.

Los jueces consideraron que las guías de Mayorkas incumplieron con la Ley de Procesos Administrativos (APA), un argumento común en las demandas sobre políticas federales.

Aaron Reichlin-Melnick, director de Políticas del American Immigration Council, destacó en Twitter los argumentos del Quinto Circuito sobre la negativa de aplicar las guías de prioridades de deportación, pero consideró que el Departamento de Justicia –que aboga por el DHS en el caso– debería ir directo a la Corte Suprema.

“Aquí sigue sin haber prioridades de aplicación de la ley de inmigración“, recuerda Reinchlin-Melnick. “El Quinto Circuito ha impedido que la Administración Biden decida quién debe ser priorizado para la deportación y dejó a los propios agentes de ICE a cargo”.

La demanda contra las regla de deportación de la Administración Biden es liderada por los gobiernes republicanos de Texas y Lousiana.

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