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Avanza al Senado legislación que impondría castigos a ciudades que incumplan con ley estatal HB 318
La propuesta de ley HB 135 fue enviada al Senado para continuar el proceso legislativo

26 jun., 2019


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    -La propuesta de ley HB 135 busca castigar a ciudadades y condados que emitan ordenanzas en resguardo de la comunidad inmigrante
    -Las ciudadades y condados tendrán que pagar altos e innecesarios costos para enfrentar demandas
    -La nueva versión del proyecto de ley HB 135 elimina la mayor parte del lenguaje original que se introdjuo el 20 de febrero del 2019 . Lo que queda en el proyecto de ley es una expansión de la ley antisantuario HB318.

La Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó la tarde de hoy 26 de junio, una propuesta que tiene como objetivo sancionar a las ciudades y condados que incumplan la ley estatal HB 318, misma que prohibe ordenanzas santuario.

Con 65 votos a favor y 52 en contra,  la HB 135, “Imponer ordenanzas santuario”,  fue enviada al Senado donde deberá seguir el debido proceso legislativo.

“Este proyecto de ley no solo perjudica a nuestras comunidades de inmigrantes, sino a los condados y ciudades locales que desean proteger a sus residentes más vulnerables, impidiendo convertirse en ciudades más acogedoras para los necesitados”, indicó Moisés Serrano, director de Política de la organización El Pueblo. 

Impone castigos

Lo que la HB 135 busca es imponer castigos o sanciones a las ciudades y condados que incumplan con la ley HB 318 firmada por el ex gobernador republicano Pat McCrory en octubre del 2015, misma que prohibe las ciudades santuario en el estado.

Este proyecto de ley le permite a cualquier persona demandar a una ciudad o condado que a su juicio esté incumpliendo la ley estatal. El proyecto no requiere demostrar que ha sido afectada por la acción que ha tomado la ciudad o el condado. “Esto permitiría que cualquier persona viva o no en esa ciudad o condado pueda presentar una demanda costosa y prolongada por un capricho” , indicó Serrano.

Bajo la actual ley estatal, “ningún condado puede tener en vigencia cualquier política, ordenanza o procedimiento que limite o restrinja el cumplimiento de las leyes federales de inmigración a menos del máximo permitido por la ley federal”.

La HB 135 solo permite que una ciudad o condado recupere los honorarios de los abogados si se determina que la reclamación se ha “presentado de mala fe” o es frívola.

‘Frivolous’ generalmente significa una “ausencia completa de una cuestión justificable de ley o hecho planteado por la parte perdedora en cualquier alegato”. G.S. 6-21.5.

“Si la ciudad defiende con éxito una demanda, no tendrá una manera de recuperar los gastos de la defensa del litigio si las reclamaciones no cumplen con el estándar frívolo”, explicó la Asociación de Libertades Civiles (ACLU NC)

Si la ciudad defiende con éxito una demanda no tendrá manera de recuperar los costos legales de la defensa, solamente los honorarios del abogado, lo acarrearía gastos innecesarios que salen del bolsillo de los contribuyentes, documentados o no.

La propuesta también establece un presupuesto de $18,000 para educar a la comunidad, las ciudades y municipalidades en todo el estado acerca de la ley.

Los autores primarios de la HB 135 son los republicanos
George Cleveland (Onslow), Michele Presnell (Haywood Madison y Yancey), Michael Speciale (Craven) y Mark Brody (Arson y Union).

Hasta el momento,  la HB 135 no ha sido puesta en el calendario legislativo de la Senado estatal, que estará de receso algunos días de la próxima semana.

Sobre el autor:

Paola Jaramillo

Comunicadora social y periodista colombiana. Emprendedora y cofundadora de Enlace Latino NC. Apasionada por la investigación y la comunidad su trabajo ha sido reconocido con más de 24 premios nacionales de periodismo por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas de los Estados Unidos (NAHP).

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